Chile enfrenta hoy una paradoja evidente. Vivimos en una era digital, pero amplios sectores del país. Especialmente zonas rurales, aisladas o con baja conectividad y siguen dependiendo de un medio tan clásico como vigente “la radio”. A pesar de su importancia cotidiana, nuestro país no cuenta con un sistema de radiodifusión sonora pública, gratuita y de alcance nacional. Esa ausencia no es solo técnica; es una brecha informativa, educativa y cultural que urge abordar.
La radio sigue siendo el medio más confiable para la ciudadanía. Su alcance permanente, su bajo costo de acceso y su cercanía territorial la convierten en una herramienta insustituible. En situaciones de emergencia ya sean incendios, terremotos, aluviones o crisis sanitarias este medio ha demostrado ser el canal más robusto para informar, alertar y coordinar ayuda. Para muchas localidades apartadas, sigue siendo el único vínculo estable con la información pública.
En este contexto, el anteproyecto de ley que modifica la Ley N°18.168 para crear Radios Públicas Nacionales y ampliar el espectro radioeléctrico representa una oportunidad histórica. La implementación de la Televisión Digital Terrestre liberó parte del espectro entre los 76 y 88 MHz, hoy subutilizado. Lejos de generar conflictos con el ecosistema radial existente, esta iniciativa propone destinar una franja específica la banda 86–88 MHz a radios públicas orientadas al interés general.
El proyecto crea la categoría de Radiodifusión Pública y habilita a organismos del Estado con mandato nacional, como Televisión Nacional de Chile, Carabineros u otros servicios, a operar radios cuando ello sea necesario para cumplir sus funciones legales. Se trata de un sistema de autorización directa y simplificada, a cargo de SUBTEL, que permite avanzar con rapidez y responsabilidad, sin burocracia innecesaria.
El objetivo es garantizar acceso equitativo a contenidos culturales, educativos, informativos y regionales, fortalecer la democracia y la formación cívica; mejorar la comunicación de riesgos y campañas preventivas; y promover la diversidad y desconcentración del espectro. Todo ello, además, con una mirada de futuro que moderniza el ecosistema radial y los equipos receptores.
El impacto esperado es significativo. Mayor presencia del Estado en la comunicación pública, mejor cobertura informativa para comunidades aisladas y una respuesta más efectiva ante emergencias. Y todo esto con un bajo costo fiscal, aprovechando infraestructura existente y mandatos institucionales ya definidos.
Este anteproyecto no busca competir con la radiodifusión privada ni con las radios comunitarias. Por el contrario, las complementa y fortalece, actualizando una normativa que no ha seguido el ritmo de las necesidades del país. Se trata de poner el espectro radioeléctrico un bien público al servicio del interés público.
En definitiva, esta iniciativa propone que la radio, el medio más cercano y confiable para la ciudadanía, se consolide también como una herramienta pública estratégica. Una radio al servicio de la información veraz, la cultura, la prevención y la cohesión social, capaz de llegar a cada rincón de Chile. Esa es una deuda pendiente con la democracia y con el territorio que hoy tenemos la oportunidad de saldar.