La estatal acusa un entramado de intervenciones irregulares, presiones en tribunales y operaciones financieras destinadas a favorecer al Consorcio Belaz Movitec, cuyos resultados perjudicaron a la empresa por más de $17 mil millones. La causa se instala como una de las investigaciones de corrupción más sensibles de los últimos años.
Codelco presentó una querella criminal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y otros seis imputados del denominado caso Muñeca Bielorrusa, investigación que ha revelado presuntas redes de corrupción ligadas a resoluciones judiciales que beneficiaron directamente a una empresa proveedora.
La acción judicial apunta a Vivanco y al contador Víctor Migueles por los delitos de cohecho agravado y lavado de activos; a los abogados Carlos Lagos y Mario Vargas por soborno y lavado de activos; y a tres presuntos facilitadores financieros: los conservadores de Bienes Raíces Sergio Yáber y Yamil Najle, además del empresario cambiario Harold Pizarro, investigados por lavado de activos culposo.
La decisión se sustenta en los antecedentes expuestos recientemente por el Ministerio Público, que para la estatal confirman irregularidades advertidas desde 2023 en la tramitación de una causa comercial clave contra el Consorcio Belaz Movitec (CBM). Codelco debió desembolsar más de $17 mil millones tras sentencias que, según la querella, fueron el resultado de un proceso viciado por influencias indebidas.
El origen del caso Muñeca Bielorrusa se remonta a una línea investigativa del caso Audio, que abrió la puerta para indagar contactos, gestiones informales y resoluciones judiciales inusuales. Con el avance de las diligencias, la Fiscalía detectó una secuencia de fallos, modificaciones de acápites y aceleraciones procesales que —según los investigadores— habrían favorecido sistemáticamente a CBM.
El nombre del caso alude tanto al origen bielorruso de una de las empresas del consorcio como a la estructura del entramado: decisiones que encajan unas dentro de otras como una muñeca rusa, revelando capas sucesivas de favores, depósitos y maniobras financieras.
El Ministerio Público ha descrito tres elementos que configuran el corazón del caso:
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Intervenciones irregulares en tribunales, en las que magistrados habrían recibido instrucciones o presiones para resolver de cierto modo.
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Pagos desde CBM a estudios jurídicos, correlativos a resoluciones judiciales favorables para el consorcio.
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Operaciones financieras destinadas a ocultar el origen del dinero, utilizando conservadores de bienes raíces y casas de cambio para fragmentar los flujos y dificultar su trazabilidad.
Estas transacciones coinciden temporalmente con los momentos en que Codelco debía pagar millonarias compensaciones al consorcio, lo que refuerza la tesis del Ministerio Público.
Para la estatal, las exposiciones de la Fiscalía en las últimas formalizaciones confirman un patrón: resoluciones judiciales que se apartaron de los estándares regulares, pagos posteriores a oficinas jurídicas involucradas y depósitos encadenados destinados a ocultar fondos.
Codelco sostiene que la serie de hechos dañó directamente su patrimonio y afectó la probidad del sistema judicial. Por ello, busca participar activamente en la investigación penal, ejercer las facultades propias de un querellante y asegurar que se determinen todas las responsabilidades involucradas.
La querella, declarada admisible este martes, se suma al avance de otras aristas relacionadas al caso, como las imputaciones por cohecho y soborno que ya mantienen a tres involucrados en prisión preventiva. El Ministerio Público mantiene abiertas líneas paralelas para rastrear más movimientos financieros y eventuales nuevos beneficiarios.