Contraloría detecta gr mil cuentas activas corresponden a personas fallecidas

La auditoría reveló irregularidades en la gestión informática y retrasos excesivos en la resolución de recursos, lo que podría facilitar usos indebidos en el sistema de licencias médicas.

La Contraloría General de la República detectó serias deficiencias en la gestión de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), según se detalla en el Informe Final N°180/2025 publicado esta semana. Entre los hallazgos más preocupantes se encuentra la existencia de 5.104 cuentas activas pertenecientes a usuarios fallecidos, lo que abre la posibilidad de usos indebidos dentro del sistema.

El informe, basado en una auditoría a 102 expedientes del sistema PAE —utilizado para tramitar multas por emisión irregular de licencias médicas—, evidenció que 96 casos superaron los 30 días hábiles legales para resolver recursos de reposición, incumpliendo los plazos establecidos por normativa. En 62 de ellos, los retrasos llegaron hasta 427 días hábiles, es decir, más de un año y medio.

Además, el análisis identificó fallas críticas en la plataforma informática de la Unidad de Control de Licencias Médicas, como la asignación de funciones sin criterios definidos, procesos de carga manual de multas y duplicidad de registros, lo que genera una alta dependencia del personal específico y compromete la continuidad operativa del sistema.

La revisión también abordó el convenio entre la Suseso y Fonasa, detectando que esta última entidad no ha cumplido desde 2016 con la entrega oportuna de archivos de cotizaciones, incumpliendo el protocolo de transferencia pactado.

Como medida inmediata, la Contraloría ordenó a la Suseso instruir un procedimiento disciplinario para establecer eventuales responsabilidades administrativas ante estas graves irregularidades.

La plataforma auditada está destinada a fiscalizar a profesionales habilitados para emitir licencias médicas, en casos sospechosos de mal uso o fraude. Las conclusiones del informe refuerzan las críticas sobre la debilidad del sistema de control y abren un nuevo flanco de cuestionamientos en materia de probidad y eficiencia institucional.