Diputados PS piden aumento en el presupuesto del Ministerio Público en medio de tensiones por partidas de seguridad

La ley de presupuesto 2023 está siendo actualmente discutida en el Congreso Nacional, luego de ser presentada por el Presidente Gabriel Boric. En ese contexto es que la bancada de diputados del Partido Socialista presentó un proyecto de resolución que le pide al Ejecutivo aumentar los fondos destinados al Ministerio Público para el próximo año.

Esto se da en el contexto de que diversos parlamentarios –de oficialismo y oposición- han pedido más recursos para salud primaria, Carabineros, PDI, Bomberos y a las regiones. Los socialistas aseguran que el organismo encargado de la investigación de delitos por parte del Estado es «trascendental para el correcto funcionamiento del proceso penal chileno y la orientación de una política criminal en el Estado democrático de derecho».

Según afirma el jefe de bancada, Marcos Ilabaca, «desde la reforma al Ministerio Público de 1997 hasta el presente se advierte una severa crisis en seguridad pública y un aumento sostenido de la delincuencia, especialmente en materia de delitos violentos, asociados a formas de organización criminal y al narcotráfico».

Es por eso, continúa, que «hay que dotar de recursos económicos y personal suficiente para que cumpla eficientemente su función». Tal como advierte el proyecto de resolución, «resulta imperativo que dicha legislación (presupuesto) contemple una inyección sustantiva de recursos económicos que permitan aumentar la dotación de fiscales del Ministerio Público y de personal técnico y administrativo».

Esto para que «la persecución del delito sea más eficaz y se obtengan mejores resultados, atendida la sobrecarga de trabajo».

Además, los parlamentarios solicitan el envío, por parte del Gobierno, de una ley complementaria que modifique la ley orgánica del Ministerio Público para aumentar la planta de funcionarios del organismo.

Los socialistas argumentan, además, su decisión en un «firme compromiso de contribuir a una de las más sentidas demandas de la población: El derecho a vivir en un ambiente seguro y libre de delincuencia, donde los hechos punibles sean investigados, perseguidos y sancionados adecuadamente».