Normas Transitorias aprueba que derechos de aguas serán «autorizaciones de uso» con entrada en vigencia de Carta Magna

La comisión visó además que la Dirección General de Aguas tendrá que hacer el proceso de redistribución de caudales de las cuencas «de manera gradual, progresiva y con sentido de urgencia».

«Con la entrada en vigencia de la Constitución todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad, se considerarán, para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de agua según lo establecido en esta Constitución».

Esto es parte de las disposiciones aprobadas esta tarde por la Comisión de Normas Transitorias de la Convención, y que logró 25 votos a favor y 1 en contra, por lo que pasará al pleno para ratificación por 2/3.

La propuesta dice que en cinco años, los titulares de uso deberán concurrir a la Dirección General de Aguas (DGA) o el organismo sucesor, para solicitar la regularización de la autorización de uso. Otra propuesta, visada por la misma votación, dice que la DGA o la Agencia Nacional de Aguas, «de manera gradual, progresiva y con sentido de urgencia», hará el proceso de redistribución de caudales de las cuencas. Esto se hará por etapas, priorizando cuencas en crisis hídrica y con «sobre otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas».

Dentro del plazo de 6 meses iniciará el primer proceso regional. Los informes que haga este organismo tendrán que establecer los objetivos de la redistribución, así como el ajuste y reducción a los caudales ya autorizados en las respectivas autorizaciones de agua, «hasta alcanzar el caudal necesario para satisfacer los usos prioritarios definidos en la Constitución».

Este proceso «no afectará a los pequeños usuarios autorizados, los que serán definidos según necesidades sociales y ecológicas de la cuenca en cada informe».

El plazo para que el Presidente envíe el proyecto para la instalación de la Agencia Nacional de Aguas y los consejos de cuenca es seis meses, y mientras esta ley no entre en vigencia, la DGA asumirá sus funciones. Además, en caso de que no se dicte la ley en dos años, el Congreso Nacional o su sucesor jurídico tramitará el proyecto «según las reglas de discusión inmediata vigentes al cumplimiento de dicho plazo» (25-0-1).

Las normas sobre minería En cuanto a minería, no prosperaron ninguna de las transitorias que venían en el informe que envió la Comisión de Medio Ambiente y buscaban nacionalizar empresas mineras. En cambio, sí se visaron las disposiciones acordadas por la izquierda y parte de la centroizquierda.

Entre esas está una que establece que «la Corporación Nacional del Cobre de Chile continuará ejerciendo los derechos que adquirió el Estado sobre la minería del Cobre en virtud de la nacionalización prescrita», que sumó 25 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Hay otra que consagra que «los hidrocarburos líquidos y gaseosos y el litio, no serán susceptibles de concesión minera y su aprovechamiento continuará haciéndose en la forma contemplada por el Artículo 8° del Código de Minería en vigor a la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución», que tuvo 22 votos a favor y 1 abstención.

Sobre las actividades mineras en áreas de exclusión, se visó (25-1-1) una norma que dice que los titulares de estas actividades tendrán que presentar las «adecuaciones y divisiones pertinentes al plan de cierre de las actividades mineras que se desarrollen dentro de estas áreas», y en los casos en que la actividad esté completamente dentro de la zona de exclusión, deberá comenzar a operar su plan de cierre.

Asimismo, en dos años desde entrada en vigencia la Constitución, el Presidente deberá presentar un proyecto de ley sobre regulación de impactos y efectos sinérgicos de la actividad minera, y en ese mismo plazo el Estado podrá adquirir dominio sobre todos los depósitos de relaves abandonados identificados (23-4-0).

Todo esto avanzará al pleno de la Convención Constitucional, que sesionará a fines de la próxima semana para votar el informe de la Comisión de Normas Transitorias. Todo lo que se apruebe por 2/3 en ese momento quedará en el borrador de Constitución, y todo lo que se rechace volverá a la comisión para un segundo y último informe.