Con el objetivo de revisar las actuales condiciones en las cuales adolescentes y jóvenes cumplen sanciones en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en la región de Atacama, se realizó la primera jornada de visitas de la Comisión Interinstitucional de Supervisión a Centros de Justicia Juvenil (CISC) del año 2022.
Las visitas fueron encabezadas por el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Tomás Garay, quien valoró positivamente estas jornadas, indicando que “permiten nutrir y fortalecer el sistema de justicia juvenil, pues se revisan los protocolos y programas de atención existentes en diversas áreas como educación, reinserción social, entre otros aspectos de la intervención psicosocial destinada a fortalecer los procesos de reinserción social junto a las condiciones de habitabilidad, alimentación, acceso a salud, entre otros factores”.
“En este sentido, dijo el Seremi Tomás Garay, a partir del trabajo de la comisión se levantan observaciones y recomendaciones al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de informes que representan la opinión consensuada de los miembros de la CISC, los cuales contienen propuestas para mejorar las condiciones de vida de los adolescentes que residen en los centros. La realización de estas jornadas de supervisión para el gobierno del Presidente Gabriel Boric revisten una especial preocupación que responde a garantizar el cumplimiento del compromiso del Estado de Chile con la protección de los derechos humanos de las personas, específicamente en el caso de adolescentes y jóvenes que cumplen sanciones en el medio cerrado, en el marco de la normativa vigente”.
Vale consignar las instituciones que forman parte de la CISC Atacama son el Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, la Universidad de Atacama a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el Colegio de Abogados de Atacama e instituciones que brindan atención a través de programas para el cumplimiento de sanciones alternativas al régimen cerrado.
Durante las visitas, los comisionados revisaron las condiciones de vida de los jóvenes y adolescentes, acceso a educación, salud, rehabilitación de consumo problemático de alcohol y otras drogas, capacitación y apresto laboral, entre otros aspectos que se enmarcan en sus procesos de reinserción social y preparación para el egreso al medio libre.