El titular de Educación sostuvo que el libelo en su contra que han anunciado diputados de oposición «no tiene ningún fundamento» y es una acción totalmente «política».
El ministro de Educación, Raúl Figueroa, se refirió a la acusación constitucional en su contra que han anunciado diputados de oposición y sostuvo que, si bien eso «está dentro de sus atribuciones», es «una herramienta que hemos visto cómo se ha mal utilizado en términos políticos en el último tiempo».
En entrevista, comentó que «en el caso nuestro, una acusación constitucional implica desviar, en el peor momento todos, los esfuerzos del Ministerio de Educación, del propio Congreso, hacia un objetivo que es irrelevante para la ciudadanía; lo que la ciudadanía busca hoy es cómo somos capaces de generar las mejores condiciones para que el sistema educativo opere con continuidad y recupere la presencialidad en términos masivos y de manera segura».
Subrayó que «ése es el objetivo que han seguido todos los países desarrollados y en vías de desarrollo en el mundo; es lo que han planteado Unicef, Unesco, la OMS (…) la Defensoría de la Niñez, el Colegio Médico ha señalado que es importante hacer los esfuerzos para volver a clases». «Por lo tanto, la acusación constitucional no me quita para nada el sueño, sí nos quita mucho tiempo, y creemos que el tiempo, la energía y el esfuerzo tienen que estar dedicados a lo que los chilenos necesitan, que es hoy día tener un sistema educativo a disposición de las familias», sostuvo el ministro.
Respecto de los argumentos que han expresado los diputados para presentar la acusación –que el ministro ha incurrido en un abandono de deberes que ha expuesto la salud y la seguridad de las comunidades escolares–, Figueroa sostuvo que «no tienen ningún fundamento», y apuntó que «desde el punto de vista sanitario, es la autoridad sanitaria la que, haciendo todas las evaluaciones, determina en qué momento se puede y no se puede volver a abrir los establecimientos educacionales», lo que actualmente es a partir de la fase 2 del plan Paso a paso.
La autoridad también cuestionó la posición que ha tomado la directiva del Colegio de Profesores en el tema, señalando que «ha tenido una actitud sistemática de falta de colaboración, de falta de propuestas, de oposición a cualquier medida que apunte a generar espacios de mayor apertura». «El Colegio de Profesores pidió tener prioridad en el proceso de vacunación; el 15 de febrero empezaron a vacunarse los primeros profesores, mucho antes que el grueso de la población objetiva (…) y así y todo se han negado como gremio», subrayó.
Agregó que «de hecho, esta acusación constitucional está impulsada por la directiva del Colegio de Profesores, hay una cosa ahí política, que la verdad ni siquiera me interesa analizar, porque mi objetivo está en generar condiciones de seguridad para que los alumnos tengan la mejor educación posible».
Consultado si la acusación constitucional es 100% política, señaló que «yo creo que sí (…) lo que uno ve es que hay dos resistencias hoy día: una muy evidente del Colegio de Profesores –no de los docentes– y otra de un mundo político que de alguna manera les hace de caja de resonancia (…) Se ha ido politizando, y yo creo que politizar esto es la peor receta».