La Fiscalía Nacional Económica (FNE) pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) sancionar a Brink’s, Prosegur y Loomis y seis de sus exejecutivos principales por una presunta colusión para fijar los precios de sus servicios de transporte de valores entre 2017 y 2018.
El organismo solicitó multas que, en conjunto, superan los US$72 millones contra las tres empresas y seis exejecutivos.
Piden sancionar a Brink’s, Prosegur y Loomis por colusión de transporte de valores
La FNE sostuvo que la coordinación comenzó entre Brink’s y Prosegur, y que Loomis se sumó posteriormente. Como respaldo, presentó mensajes de WhatsApp, planillas de precios y registros de contactos entre ejecutivos, incluyendo reuniones para definir tarifas. La investigación se inició a partir de una delación compensada.
El acuerdo involucró servicios para bancos y otras instituciones, incluyendo el pago de prestaciones sociales y operaciones vinculadas a la Teletón, según la acusación.
El docente de Derecho Económico de la Universidad de Chile, Francisco Agüero, destacó la gravedad de los antecedentes y advirtió que, si el tribunal establece la infracción, podrían existir consecuencias más allá de las multas.
“Podríamos ver multas en esta etapa. Posterior y eventualmente, una persecución penal en contra de los ejecutivos que participaron de este cartel”, apuntó Agüero.
Pero ¿qué sanciones arriesgan concretamente los involucrados? Además de las multas para las compañías y sus ejecutivos, la legislación contempla la posibilidad de perseguir responsabilidades penales por colusión, una vez cumplidas las condiciones legales correspondientes.
El profesor de derecho económico de la Universidad Finis Terrae, Felipe Bravo, explicó que también podrían abrirse acciones indemnizatorias si se acreditan perjuicios para los consumidores: “Como esta conducta comienza en el 2017, es posible que la FNE, si logra una condena ante el TDLC, pueda seguir la responsabilidad penal de los ejecutivos que participaron de este acuerdo”.
Por ahora, se trata de una acusación de la FNE y no de una condena. Será el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el que determine si existió colusión y si corresponde aplicar las sanciones solicitadas, mientras se mantiene abierta la posibilidad de eventuales consecuencias judiciales posteriores.