Mientras el Gobierno anuncia un reforzamiento de la fiscalización minera para enfrentar la seguidilla de accidentes fatales en distintas faenas del país, el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 contempla una reducción de la dotación máxima de funcionarios del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), organismo encargado de supervisar la seguridad de las operaciones extractivas.
Según una investigación publicada este viernes por Ciper, la propuesta presupuestaria del Ejecutivo considera disminuir de 365 a 341 los cargos máximos autorizados para el servicio, lo que representa una reducción de 24 puestos, equivalente al 6,6%.
El recorte también alcanzaría al Programa de Seguridad Minera, cuya dotación máxima pasaría de 148 a 134 funcionarios, es decir, 14 cargos menos, lo que equivale a una disminución cercana al 10%.
A ello se sumaría una rebaja del 5,7% en bienes y servicios de consumo, de acuerdo con los antecedentes publicados por el medio de investigación.
Si bien una reducción de la dotación máxima no implica necesariamente despidos, sí modifica el límite de personal que puede contratar el organismo, en momentos en que el Ejecutivo busca ampliar su capacidad de fiscalización.
En su respuesta a Ciper, Sernageomin aseguró que el presupuesto general del servicio para 2027 contempla un incremento del 2%. Asimismo, explicó que la dotación efectiva de funcionarios durante este año se encuentra por debajo del máximo propuesto para el próximo ejercicio.
Gobierno promete aumentar fiscalizaciones pese a reducción de cargos
La propuesta presupuestaria contrasta con el anuncio realizado ayer viernes por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien comprometió un aumento de recursos para fortalecer las labores de Seguridad Minera durante 2027.
La autoridad informó que el Ejecutivo pretende alcanzar las 13 mil fiscalizaciones anuales, lo que representaría un incremento del 30% respecto de 2026.
Asimismo, el Gobierno busca ampliar al 50% la cobertura de faenas mineras fiscalizadas, mediante el fortalecimiento de los equipos de inspección, la incorporación de nuevas tecnologías y la adquisición de equipamiento preventivo.
Sin embargo, el anuncio deja pendiente una interrogante sobre el financiamiento de estas medidas.
Esto porque, mientras el Ejecutivo no ingrese la indicación correspondiente durante la tramitación presupuestaria, no será posible establecer el impacto económico del reforzamiento anunciado, más allá de las metas de fiscalización comprometidas.
En concreto, todavía se desconoce cuántos recursos adicionales recibirá Sernageomin, cómo se financiará el aumento de su capacidad fiscalizadora y si el Gobierno modificará la reducción de cargos contemplada en el proyecto original.
Por ahora, tampoco está aclarado si el reforzamiento se traducirá en un incremento de la dotación máxima autorizada o si las metas se cumplirán mediante una redistribución interna de funcionarios y recursos.
Accidentes fatales ponen presión sobre seguridad minera
El debate ocurre en medio de una serie de accidentes fatales que han vuelto a instalar la seguridad de las faenas mineras entre las prioridades del Ejecutivo.
Frente a este escenario, el Ministerio de Minería convocó una Mesa por la Seguridad Minera, instancia que reúne a representantes de trabajadores, empresas, gremios, parlamentarios y Sernageomin para evaluar las medidas de prevención y fiscalización.
Al anunciar la convocatoria, el biministro Daniel Mas advirtió sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes para evitar nuevas tragedias.
“No podemos normalizar que un trabajador salga de su hogar para aportar al desarrollo del país y no regrese con su familia”, sostuvo la autoridad.
El secretario de Estado también planteó que los recientes accidentes obligan a revisar las fallas en materia de prevención y fortalecer la cultura de seguridad en todos los niveles de la industria.
En ese contexto, el Ejecutivo ha comprometido avanzar hacia el objetivo de cero fatalidades, mediante un mayor despliegue fiscalizador y la coordinación de los distintos actores del sector.
Ajustes también generan preocupación por peligros geológicos
La investigación de Ciper también puso el foco en las consecuencias que podrían tener los ajustes presupuestarios sobre las funciones de prevención y monitoreo de peligros geológicos que desarrolla Sernageomin.
Estas labores incluyen la identificación de zonas expuestas a amenazas naturales y la elaboración de información técnica utilizada para la prevención de emergencias y la planificación territorial.
En declaraciones recogidas por Ciper, la exencargada de la Unidad de Peligros Geológicos del servicio, Francisca Falcón, expresó preocupación por una eventual disminución de recursos, considerando los desafíos asociados al cambio climático y la necesidad de mejorar la información disponible sobre amenazas geológicas.
Por su parte, Sernageomin sostuvo al medio que entre sus prioridades para 2027 se encuentran el fortalecimiento de las alertas tempranas, las capacidades fiscalizadoras y la continuidad del monitoreo volcánico.
Así, mientras el Gobierno compromete un aumento de las fiscalizaciones y mayores recursos para prevenir accidentes, su propuesta presupuestaria inicial contempla reducir el límite de funcionarios del organismo encargado de ejecutar esas tareas.
La interrogante ahora es si las modificaciones que presente el Ejecutivo durante la discusión del Presupuesto 2027 permitirán revertir esos ajustes y financiar el reforzamiento anunciado, cuyo alcance económico todavía está pendiente de precisar.