El condenado Néstor Quiñones Hernández fue trasladado desde el centro de reinserción juvenil de Atacama hasta la sección juvenil de Antofagasta, luego de que la Fiscalía y el Servicio de Reinserción Social Juvenil expusieran ante el Juzgado de Garantía de Copiapó una serie de antecedentes de seguridad relacionados con su permanencia en el recinto.
La medida fue solicitada tras la fuga que protagonizó a comienzos de septiembre y su posterior recaptura en Antofagasta. A ello se suman infracciones registradas durante su internación y una amenaza de muerte contra un funcionario del centro ocurrida en agosto.
Durante la audiencia, la Fiscalía planteó que el traslado permitiría contar con mayores condiciones de seguridad para el propio interno, funcionarios, víctimas y testigos vinculados con la causa por la que cumple condena.
El fiscal regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer, explicó que se expusieron más de 14 infracciones y sanciones registradas previamente, además del episodio en que habría amenazado a un trabajador del recinto.
“En esta audiencia se decretó el traslado hacia un lugar donde Gendarmería pueda dar los resguardos y garantías para que esta persona se mantenga contenida”, señaló el persecutor.
El tribunal acogió la solicitud y ordenó que Quiñones fuera trasladado a la sección juvenil de la cárcel de Antofagasta.
Fuga tras permiso para asistir a bautizo
Quiñones había obtenido autorización para salir del recinto y participar en actividades relacionadas con el bautismo de su hijo. Sin embargo, la actividad no se concretó y el joven no regresó al centro, iniciándose las diligencias para dar con su paradero.
Tras permanecer prófugo, fue detenido por la PDI en Antofagasta el 7 de septiembre, en un procedimiento desarrollado por detectives de la Brigada de Homicidios.
La Fiscalía mantiene abierta la investigación para establecer las circunstancias de la fuga y determinar eventuales responsabilidades de otras personas. Además, el Ministerio Público analiza jurídicamente si corresponde recurrir respecto de modificaciones de cautelares adoptadas para algunos de los investigados.
Amenaza a funcionario y arma incautada
Entre los antecedentes considerados para solicitar el traslado figura un episodio ocurrido a comienzos de agosto, cuando Quiñones habría amenazado de muerte a un funcionario del centro de reinserción juvenil ubicado en el sector de Paipote, en Copiapó.
La directora regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Carolina Cortés Henríquez, sostuvo que al interior del recinto se estaban produciendo situaciones que podían poner en riesgo a funcionarios.
“Precisamente en el mes de agosto, a inicios, él amenaza a un funcionario de muerte”, afirmó.
A estos antecedentes se suma un procedimiento registrado en octubre de 2025, cuando se incautó un arma punzante de aproximadamente 24 centímetros durante un registro al interior del recinto donde se encontraba recluido.
Quiñones cumple una condena de 10 años en régimen cerrado por su participación en un homicidio calificado, pena impuesta cuando era menor de edad y que corresponde al máximo establecido por la legislación para adolescentes condenados por delitos de esta naturaleza.