La iniciativa “Sueldos Protegidos” fue declarada inadmisible por ocho votos contra cinco. Sus impulsores cuestionaron la decisión y anunciaron que buscarán nuevas vías para avanzar en la protección de las remuneraciones.
Santiago, 2 de septiembre de 2026.- La Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados declaró inadmisible el proyecto denominado “Sueldos Protegidos”, iniciativa que buscaba impedir que las remuneraciones de trabajadores perdieran su carácter de inembargables una vez depositadas en una cuenta bancaria, particularmente en casos relacionados con cobranzas de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).
La propuesta fue rechazada por ocho votos contra cinco, luego de que la diputada Paz Charpentier (Republicanos) planteara que la iniciativa podría afectar las finanzas públicas y, por esa razón, correspondería a una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
El proyecto había sido presentado por parlamentarios de oposición tras conocerse casos de personas con deudas del CAE cuyas cuentas bancarias fueron objeto de embargos por parte de la Tesorería General de la República (TGR).
¿Qué proponía “Sueldos Protegidos”?
La iniciativa buscaba modificar el artículo 57 del Código del Trabajo, norma que establece, como regla general, la inembargabilidad de las remuneraciones y contempla excepciones para la parte que exceda las 56 UF.
Los autores del proyecto planteaban que existe un problema cuando las remuneraciones son depositadas en una cuenta bancaria, debido a que esos fondos podrían ser considerados como saldo disponible y quedar expuestos a procedimientos de cobranza.
Por ello, la propuesta buscaba establecer expresamente que la protección legal de las remuneraciones se mantuviera incluso después de que el sueldo fuera depositado o transferido a una cuenta bancaria, ya fuera corriente, vista o de ahorro.
Entre los parlamentarios que impulsaron la iniciativa se encuentran Daniela Serrano, Nathalie Castillo, Luis Cuello, Marcos Barraza y Boris Barrera, del Partido Comunista; Emilia Schneider, del Frente Amplio; Ana María Gazmuri, Juan Santana, Paula Olmos y Patricio Pinilla.
Argumentos para declarar inadmisible el proyecto
La discusión sobre la admisibilidad se produjo luego de que la iniciativa ya hubiera sido considerada admisible por la Sala de la Cámara.
La diputada Paz Charpentier sostuvo que el proyecto podría infringir el artículo 65 de la Constitución, al considerar que tendría efectos sobre la administración financiera del Estado y eventualmente sobre la recaudación fiscal.
Tras este planteamiento, la Comisión de Educación sometió nuevamente a votación la admisibilidad del proyecto, resolviendo declararlo inadmisible.
La decisión contó con los votos favorables de Sergio Bobadilla (UDI), Ricardo Neumann (UDI), Paz Charpentier (Republicanos), Diego Vergara (Republicanos), Valentina Becerra (Republicanos), Luis Pardo (RN), Sara Concha (PSC) y Germán Verdugo (PNL).
Oposición cuestiona decisión
Desde la oposición cuestionaron la determinación adoptada por la comisión y acusaron que la iniciativa no alcanzó a ser discutida en profundidad.
La diputada Daniela Serrano (PC), una de las autoras del proyecto, sostuvo que la decisión constituye un precedente negativo y acusó a los parlamentarios oficialistas de utilizar su mayoría en la comisión para impedir la discusión.
“Abusan de su mayoría circunstancial. Vetan políticamente un proyecto para no dar la discusión. Esto es un precedente grave”, afirmó.
Serrano sostuvo además que la iniciativa buscaba evitar que fondos correspondientes originalmente a remuneraciones quedaran expuestos a procedimientos de embargo una vez depositados en cuentas bancarias.
Por su parte, la diputada Emilia Schneider (FA) calificó como “gravísimo” lo ocurrido y cuestionó que la comisión no haya permitido avanzar en una propuesta destinada a entregar mayor protección a personas endeudadas con el CAE.
“El oficialismo ni siquiera está disponible a discutir un proyecto para darle un alivio a las y los deudores del CAE que han sufrido estos cobros abusivos”, señaló.
En tanto, la diputada Paula Olmos (PDG), también integrante del grupo de parlamentarios que presentó la iniciativa, recordó que el proyecto surgió a partir de casos de embargos realizados por la Tesorería y manifestó su intención de continuar buscando alternativas legislativas.
“Seguiremos buscando instancias que nos permitan proteger las remuneraciones de las y los trabajadores para que no queden desprotegidos. Por la dignidad de las personas y sus familias”, sostuvo.
De esta manera, el proyecto “Sueldos Protegidos” no continuará su tramitación en la Comisión de Educación, mientras sus impulsores evalúan nuevas alternativas para abordar la situación de las remuneraciones de personas que mantienen deudas asociadas al CAE.