La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y el presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya (PPD), fijaron postura en la antesala del inicio de las discusiones legislativas de la reforma de seguridad: Los ‘tres caminos’ del trámite serán analizados mientras el proyecto del Gobierno se mantiene ‘congelado’.
Desde el oficialismo esperan que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se mantenga defendiendo la creación de un nuevo Estado de Excepción, pese a que la presión por desechar la idea y hacer cambios a las declaratorias actuales sigue tomando fuerza.
Y es que, por mucho que la disputa se libró entre declaraciones a la prensa, reuniones privadas y recriminaciones entre parlamentarios y académicos, el destino de la reforma de seguridad no puede eludir que su eventual acuerdo —o posible fracaso— solo puede darse en el Senado.
Usar la reforma como una ‘hoja en blanco’ es una opción para el oficialismo y la oposición. Propios y extraños reconocen que un camino distinto simplemente terminará con la reforma de seguridad, guardada en un cajón.
La decisión es ‘congelar’ la tramitación de la reforma -de la que dimos cuenta el jueves- está tomada. Ahora toca dedicarse a buscar que exista ‘agua en la piscina’, con cambios sustantivos, fusión con otras reformas o derechamente desechando la idea de un cambio constitucional.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, confirmó el rumor de los últimos días: Se pedirá a los Comités del Senado el permiso para que la Comisión de Constitución del Senado tramite en general y particular el proyecto, postergando posiblemente en varias semanas o incluso meses la definitoria votación en general en la sala.
Núñez sabe que la matemática no miente. Este fin de semana, en reiteradas entrevistas y declaraciones, recordó que los 29 votos son casi imposibles en este momento y que el proyecto tendrá que cambiar casi completamente si esperan tener alguna posibilidad.
Asimismo, indicó que hay que concentrarse en el Estado de Excepción de Seguridad Pública, quien es de la idea de no crear una nueva declaratoria y fortalecer la actual.
“Yo creo que hoy día sí hay un nudo que tiene la reforma constitucional es el Estado de Excepción. Por lo tanto, si uno quiere avanzar, tiene que concentrarse allí para poder desatar ese nudo y, a mi juicio, uno de los caminos es poder reforzar ese Estado de Emergencia que ya está contemplado en nuestra Constitución”, expresó.
El senador Pedro Araya (PPD) pasó una semana en el centro de la controversia: Su expresión sobre la disposición a ‘cruzar la vereda’ le continúa valiendo críticas internas, pero en su calidad de presidente de la Comisión de Constitución, ya planteó opciones.
En este contexto, pide que los cinco integrantes de la comisión se sienten con el gobierno a analizar tres caminos: Retirar la reforma e ingresar una nueva, ingresar una indicación que la reemplace o tramitar una reforma aparte.
“Aquí hay varios caminos. El primero, que el Gobierno retire la reforma y se presente una nueva. La segunda es que la Comisión de Constitución pueda redactar un nuevo texto y eso se presente como una indicación sustitutiva y que sea la que se discuta. Y la tercera es que la oposición derechamente presente una reforma distinta que puede ser también discutida en la Comisión de Constitución”, dijo.
La oposición y los llamados a rechazar el texto
En las tres comisiones que tramitarían la reforma —Constitución, Seguridad y Defensa— la oposición tiene mayoría.
Es por esto que la senadora socialista, Paulina Vodanovic, ha llamado a rechazar el texto del gobierno y tramitar reformas suyas y de otros parlamentarios.
Por su parte, la senadora del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Constitución, Claudia Pascual, se niega a buscar un acuerdo técnico con esta reforma. La califica de ‘muy autoritaria’ y dice que ese camino implicaría aprobar la idea de legislar.
“Hacer un trabajo prelegislativo en base a este texto de reforma implicaría aprobar su idea de legislar y me parece que eso es muy complejo, puesto que esto es una reforma constitucional muy autoritaria, no da cuenta de las cosas que se necesitan cambiar”, explicó.
El oficialismo y los espacios de acuerdo
En el oficialismo, las recriminaciones no se han apagado completamente: La crítica sobre la falta de trabajo prelegislativo y el ‘error no forzado’ del gobierno cuando iniciaba el impulso de una nueva agenda de seguridad, sigue siendo enrostrada.
Pese a que se han empleado tonos distintos para defender la reforma, el senador republicano Arturo Squella se mostró abierto a avanzar en la agenda.
“Tomamos la propuesta. Iremos avanzando en este proyecto y en los siguientes proyectos que complementan la agenda dentro de las próximas semanas”, indicó.
Bajo la misma línea, el senador Andrés Longton (RN) instó a mantener diálogos en torno a lo resolutivo.
“Me parece razonable que de esa manera se pueda tener una discusión más sincera, reflexiva, entre el Gobierno y los integrantes de la Comisión”, afirmó.
En tanto, el ejecutivo dice estar abierto a cambios profundos. Sin embargo, la postura ya transmitida a los senadores oficialistas es que no quieren resignar la creación de un nuevo Estado de Excepción.
Las únicas ideas que tienen cierta viabilidad son las relacionadas con los regímenes penitenciarios especiales y la eventual redacción que consagre la seguridad pública en la Constitución.