La estatal desvinculó a 16 trabajadores y denunció los hechos ante el Ministerio Público.
En junio, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó la desvinculación de ocho trabajadores, que se sumaron a los otros ocho que habían salido de la estatal en enero, luego de detectar la entrega de información errónea desde la Refinería Aconcagua a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
La situación llevó a la Comisión de Medio Ambiente del Senado a exigir explicaciones y determinar si la alteración de los registros de emisiones pudo haber generado algún impacto en la salud de la población.
En respuesta al requerimiento parlamentario, el gerente general de Enap, Julio Friedmann Encina, emitió un nuevo informe oficial con los resultados de una investigación interna, en el que se detallan movimientos que habrían alterado las cifras reales reportadas.
Al explicar el origen de las modificaciones en los registros de captura de azufre, el documento reconoce que la compañía constató que, en la elaboración de los reportes históricos asociados a esta obligación, «se habían utilizado criterios distintos de aquellos contemplados en la metodología aprobada por la autoridad ambiental».
Respecto de las cifras, la estatal admite que «los porcentajes de eficiencia de la Refinería en la captura de azufre -calculados bajo la fórmula aprobada- superan el 90%, pero son inferiores al 98% exigido por el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví (PPDA)». Asimismo, precisa que en el informe correspondiente a 2025 «se corrigieron las situaciones detectadas y se reportó únicamente el resultado obtenido utilizando la metodología aprobada», alcanzando una eficiencia cercana al 90,2%.
Fuentes no consideradas
En materia de emisiones, el informe da cuenta además de una omisión en la contabilización de determinadas fuentes contaminantes. En concreto, señala que «se identificó que determinadas fuentes de emisión no habían sido consideradas al momento de la elaboración de la línea base utilizada para la confección del PPDA».
En particular, respecto de las emisiones de SO2 provenientes de las antorchas, Enap explica que la información considerada contemplaba únicamente el gas piloto y el gas de barrido, «sin incorporar la totalidad de los flujos asociados a la función de flaring de dicho sistema».
Sobre las desvinculaciones adoptadas a raíz de estas situaciones, el documento precisa que «la empresa adoptó también decisiones de carácter laboral respecto de personas que desempeñaban funciones vinculadas a las materias objeto de revisión». En ese sentido, cuantifica que ocho personas fueron desvinculadas en enero y otras ocho en junio de este año.
Junto con informar los hechos a la SMA, Enap señaló que «se presentó una denuncia ante el Ministerio Público para efectos de que se investigaran eventuales responsabilidades penales asociadas a los hechos detectados».
Longton apunta a mejorar controles
Como integrante de la Comisión de Medio Ambiente e impulsor del requerimiento, el senador Andrés Longton (RN) remarcó que el hecho de que hasta ahora no se haya acreditado un daño a la salud no permite descartar que este exista.
«Aun cuando no se haya acreditado un daño a la salud, no significa que no exista, sino que difícilmente se puede determinar la relación de causalidad», sostuvo.
El parlamentario apuntó además a lo que considera uno de los aspectos más complejos del informe: que Enap reconoce que sus reportes históricos sobre recuperación de azufre fueron elaborados utilizando criterios distintos de la metodología aprobada por la SMA.
Longton agregó que, al aplicar correctamente dicha metodología, la eficiencia resultó inferior al 98% exigido y que, para 2025, alcanzó cerca de un 90,2%. De esta forma, planteó que, al incorporar fuentes de emisión que anteriormente no estaban siendo consideradas, la propia empresa constató excedencias de SO2 en determinados periodos hasta 2024.
A juicio del senador, estos antecedentes «deben obligar a mejorar controles internos por parte de la nueva gerencia, sumado a investigaciones que están en curso y que establecerán las responsabilidades correspondientes».
Desde los municipios exigen transparencia
Desde las comunas directamente afectadas por la operación de la refinería también surgieron cuestionamientos. El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, sostuvo que «la información entregada por Enap confirma hechos graves que requieren total transparencia y una investigación exhaustiva».
«Como alcalde de Concón, nuestra prioridad será siempre proteger la salud y la seguridad de nuestros vecinos», afirmó, valorando que se hayan adoptado medidas, aunque enfatizó que corresponde a las autoridades competentes determinar las responsabilidades y verificar de manera independiente que actualmente se estén cumpliendo todas las exigencias ambientales.
No obstante, Ramírez recalcó que «Concón merece certezas, información oportuna y los más altos estándares de control ambiental».
Por su parte, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, calificó como grave lo revelado y afirmó que «nuestra comuna ya ha soportado demasiadas décadas de carga ambiental como para que ahora se nos diga que esto es solamente una diferencia metodológica».
En esa línea, adelantó que exigirá a Enap explicar «con total transparencia qué ocurrió, cómo se corregirá y qué garantías concretas existen para que esto no vuelva a suceder». «Puchuncaví merece certezas, no explicaciones después de los hechos», enfatizó.