Tras el ingreso de la reforma constitucional de seguridad del Gobierno, el diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) cuestionó la creación de un nuevo estado de excepción constitucional con 120 días renovables en manos del Ejecutivo, advirtiendo riesgos para derechos y garantías constitucionales, y señalando que la propuesta daría paso a un “Estado autoritario, casi un Estado policial”.
En primera instancia, Mulet señaló que “la creación del nuevo estado de excepción constitucional con 120 días renovables en manos del Ejecutivo es muy complejo, muy difícil. Creo que hay una situación y una serie de derechos que se ponen en riesgo. De manera que, así como está, es muy difícil aprobarlo”.
Además, afirmó que “incluso creo que el gobierno sabe que es muy difícil que la aprueben. Pero pone a la oposición –de la cual formo parte– en una situación incómoda, porque si tú no apruebas te pueden tratar de responsabilizar de que no bajan los problemas de seguridad y delincuencia. Y la verdad es que tampoco garantiza, una reforma de esa naturaleza, la disminución de la delincuencia”.
En ese sentido, el parlamentario sostuvo que existen otros caminos para avanzar en seguridad pública sin comprometer derechos constitucionales, apuntando a que “es mucho más importante formar rápidamente mayores carabineros, crear la policía municipal y otros aspectos para combatir el crimen y no poner en riesgo algunos derechos constitucionales”.
Consultado por si estima que podrían generarse eventuales abusos de autoridad, respondió: “Sin duda. El análisis que tenemos que hacer es qué pasaría si esta autoridad, no solo el Presidente Kast, o una autoridad exactamente de un polo político opuesto tiene estas herramientas. No puedes tener bajo la sujeción del Presidente de la República 240 días de estado de excepción, conculcar, disminuir o suspender garantías constitucionales sin que pase por un control democrático. Eso es un Estado autoritario, casi un Estado policial, y así como está es muy grave”.
El parlamentario también cuestionó la posibilidad de restringir prestaciones sociales mediante ley, apuntando especialmente al eventual impacto en salud pública.
“Eso también creo que va contra principios elementales, no solo de los derechos de las personas, sino que también de la salud pública. Por ejemplo, suspender derechos de salud implica riesgo de contagio y propagación de enfermedades. O sea, aquí hay una situación que creo que es un retroceso importante desde el punto de vista constitucional. Espero que haya una buena discusión en el Congreso y que el énfasis se ponga efectivamente en las cosas que nos sirven”, afirmó.
En contraste, valoró medidas como la segmentación carcelaria y la formación de más policías.
“Por ejemplo, a mí me pareció muy bien todo el plan que hicieron para segmentar a la población penal y trasladar –como ocurrió hace algunos días a Talca– a los criminales con mayor situación de riesgo y mayores niveles de criminalidad. Hay cosas que se pueden hacer bien, como formar más policías, pero creo que la disminución de derechos constitucionales es muy compleja”, sostuvo.
Sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el orden público, Mulet señaló que “he visto entrevistas de ex comandantes en jefe y de ex almirantes que no están disponibles porque su formación no es para eso”.
“Pero sí creo, por ejemplo, que todo el personal en retiro del Ejército o de las otras ramas de las Fuerzas Armadas podrían constituir una fuerza especial dependiente de las policías. Los que pasan a retiro podrías formatearlos para seguridad pública, sacándolos desde el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea y pasandolos a otra rama para que puedan adaptarse a la formación de policía y seguridad ciudadana y hacer una nueva fuerza. Ahí está una de las claves en esta materia, pero no la disminución de derechos”, agregó.
Consultado por los reparos que también han surgido en sectores oficialistas, señaló que “eso me confirma que es más bien una inteligente –o si prefiere– especial jugada política. O sea, buscar que la oposición y otros sectores no la aprueben para responsabilizarlos de que no se pueda avanzar en seguridad pública. Creo que hay una maniobra de esa naturaleza, porque así como está evidentemente hay reparos hasta de partidos que apoyan al gobierno”.
En ese sentido, llamó a priorizar medidas menos controversiales para combatir el narcotráfico y la criminalidad.
“¿Por qué no luchamos y nos ponemos de acuerdo en aquellas cosas que no generan este nivel de controversia, para combatir el narcotráfico y la criminalidad?. Hay otras cosas que se están haciendo bien, que se anunciaron, como el decomiso sin condena, como la segmentación de los presos y la aplicación de regímenes estrictos en materia de cárceles, en fin”, indicó.
Finalmente, sobre una eventual sesión secreta para abordar el listado de bandas criminales, Mulet advirtió que “para decretar a una organización en esa calidad, debería haber un pronunciamiento del Poder Judicial porque se presta para cuestiones de orden político”.
“El combate a la delincuencia, que debe ser con todo, no puede poner en riesgo los derechos de los ciudadanos, las garantías constitucionales y la democracia misma. Eso es muy riesgoso, eso es peor. Entonces creo que hay un problema bastante grave en la propuesta especial”, concluyó.