Durante décadas, la normativa chilena puso una barrera que hoy el Gobierno busca modificar. En concreto, se trata que para que una bebida fermentada de uva pueda ser comercializada como vino, debe alcanzar al menos 11,5 grados de alcohol.
Ahora, el Ejecutivo pretende abrir una nueva categoría para productos de menor graduación, con un piso de 8,5°. La medida apunta a adaptar la legislación a una industria que está cambiando, pero también instala preguntas sobre quiénes serán sus principales beneficiados.
El cambio ocurre mientras el consumo mundial de vino atraviesa un escenario complejo y los consumidores muestran una mayor preferencia por productos con menos alcohol. En paralelo, las categorías de vinos desalcoholizados y parcialmente desalcoholizados vienen ganando espacio: según Global GrowthInsights, el mercado de vino sin alcohol, que alcanzó US$1.180 millones en 2023, podría llegar a US$7.892 millones en 2032.
La modificación fue impulsada tras una mesa de trabajo entre el Gobierno, representantes del sector vitivinícola y organismos públicos. El Ejecutivo modificó el artículo 19 del Decreto N° 78 de 1986, incorporando la categoría de «vino bajo alcohol», que considerará productos elaborados mediante prácticas enológicas autorizadas con una graduación real mínima de 8,5° y una graduación potencial inferior a la exigida para el vino tradicional. El decreto, firmado por el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Agricultura, Jaime Campos, fue enviado a Contraloría para su toma de razón.
Detrás de la decisión hay una búsqueda de actualización regulatoria, pero también una disputa sobre el futuro del negocio. Mientras el Gobierno y los principales gremios la presentan como una oportunidad para entrar con mayor fuerza a un segmento que crece a nivel internacional, voces críticas cuestionan que el problema real esté en la regulación y advierten que la nueva categoría podría favorecer especialmente a las empresas con capacidad para invertir en procesos de desalcoholización.
Una norma que busca alinearse con el mercado internacional
Para el ministro de Agricultura, Jaime Campos, uno de los principales argumentos es terminar con una particularidad chilena que deja a la industria en una posición distinta frente a otros grandes productores. El estándar de 8,5° coincide, según explicó, con el parámetro de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).
Campos señaló a El Mercurio que se trata de «una necesidad planteada por la industria desde hace varios años», una discusión que, según recordó, ya estaba presente cuando ocupó la cartera hace dos décadas.
La autoridad sostuvo que el cambio permitiría desarrollar una oferta que hasta ahora los productores nacionales no podían comercializar bajo la denominación de vino dentro de Chile. «Mercado que no podía o no ha podido ser satisfecho por los productores nacionales», afirmó Campos a El Mercurio, al referirse a la oportunidad que se abre para los vinos de menor graduación.
La apuesta adquiere relevancia en medio de la caída del consumo global de vino, que el ministro cifra en 25%. Desde su perspectiva, la función del Estado es generar las condiciones para que la industria pueda responder a esa transformación.
«Como ministerio, no somos ni productores ni comercializadores de nadie, todo eso lo hace el sector privado. Pero nuestro deber y obligación es generar las condiciones para que los productores y la industria hagan su negocio», dijo Campos a El Mercurio.
El mercado que crece
Desde Vinos de Chile valoran la modificación, aunque advierten que su impacto podría sentirse con mayor fuerza en el mercado interno que en las exportaciones. Esto, porque las bodegas chilenas ya podían enviar a determinados destinos productos con graduaciones inferiores a los 11,5°, siempre que las reglas del país comprador lo permitieran.
El presidente del gremio, Alfonso Undurraga, planteó que el verdadero cambio está en permitir que la legislación chilena acompañe una tendencia que ya está imponiendo el consumidor internacional. «Estamos exportando la mayoría (de los vinos que producimos) y la tendencia de los consumidores es que te exigen y demandan un producto de menor graduación (…). No podíamos competir, no podíamos llegar a ese segmento que está creciendo«, dijo Undurraga a El Mercurio.
A su juicio, la modificación también constituye una señal de modernización de la regulación. «Lo que hizo el ministro (Campos), creemos que viene con una mirada bien práctica y comercial con esta adecuación de la legislación», sostuvo a El Mercurio.
La discusión, por tanto, no pasa únicamente por bajar un número en una norma. La industria enfrenta consumidores que buscan reducir su ingesta de alcohol, mientras las categorías de bajo alcohol, desalcoholizadas y parcialmente desalcoholizadas amplían su presencia. Para los defensores del cambio, no adaptar la legislación significaba dejar fuera a los productores chilenos de una parte de ese mercado.
Nuevas zonas y cepas
El cambio también podría tener consecuencias en el desarrollo de nuevos productos y territorios vitivinícolas. Manuela Astaburuaga, presidenta de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Enólogos de Chile, sostiene que la nueva categoría permitiría ampliar el margen para experimentar.
Los enólogos podrán «experimentar e innovar» en zonas que enfrentaban dificultades para alcanzar la graduación exigida por la legislación, entre ellas Rapa Nui y la Patagonia, explicó Astaburuaga a El Mercurio.
La especialista también apunta a variedades que tradicionalmente han quedado relegadas por su dificultad para alcanzar los 11,5°. Entre ellas menciona «una típica de Chile y que no se usa tanto: la tintorera o Alicante Bouschet, que es difícil que alcance los 11,5° y con esta nueva categoría podría funcionar», dijo a El Mercurio.
A esto suma un cambio en las preferencias de los consumidores. Según Astaburuaga, el interés por vinos con menor graduación está relacionado con la búsqueda de «alternativas más sanas», en un escenario donde «hoy en día está tan de moda el bienestar».
La advertencia: bajar el grado no equivale a hacer saludable el vino
La tendencia, sin embargo, también tiene una dimensión sanitaria que obliga a poner límites al argumento comercial. Rinat Ratner, directora de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo, advierte que un vino de menor graduación no debe confundirse con un producto inocuo.
«Es importante mencionar que estos vinos (de baja graduación alcohólica) no deben considerarse inocuos ni beneficiosos para la salud por sí mismos, ya que cualquier consumo de alcohol implica riesgos (…). La opción de menor riesgo para la salud sigue siendo no consumir alcohol», señaló Ratner a El Mercurio.
La especialista reconoce que, comparativamente, una persona que decide beber alcohol puede reducir su exposición al etanol si opta por una bebida de menor graduación. «En términos relativos, si una persona va a consumir vino, una bebida de menor graduación alcohólica suele ser preferible a otra de mayor graduación porque aporta menos etanol por cada copa consumida», explicó a El Mercurio.
Pero ese efecto puede diluirse si la reducción en la graduación termina compensándose con un mayor consumo. Ratner enfatiza que este «beneficio desaparece si la persona compensa bebiendo más cantidad (…). Tiene un menor aporte de calorías y pudiese facilitar estrategias de moderación de consumo, siempre y cuando no se aumente la cantidad».
¿Quién gana con el cambio?
El punto más controvertido aparece cuando se mira la medida desde la estructura de la industria. El ingeniero agrónomo-enólogo Sergio Correa planteó sus reparos en una carta publicada en El Mercurio, titulada «Mirando al vino por sobre el hombro».
Correa cuestionó que la reducción del mínimo legal sea presentada como una respuesta a las necesidades exportadoras. «Me pregunto, ¿por qué? Y obviamente la repuesta no va por el lado de las exportaciones, ya que hoy día el SAG permite exportar con grado alcohólico menor y observamos que las exportaciones de vino de bajo grado no aumentan; por el contrario, han disminuido», escribió.
También puso en duda que la medida permita por sí sola elevar el consumo interno. «Tampoco lo entiendo si esto se hizo para aumentar el consumo de vino en el país, ya que hoy día existe este producto y el consumo del chileno no solo no aumenta, sino disminuye (Odepa)», señaló en su carta a El Mercurio.
Su principal preocupación está en los costos y en las diferencias entre productores. Correa aseveró que alcanzar una menor graduación mediante procesos de desalcoholización puede requerir inversiones que no todos están en condiciones de asumir. «Sí, efectivamente, las empresas que tienen un buen estado financiero y pueden me costear una desalcoholización del vino, técnica cara para cualquiera», afirmó.
Desde esa perspectiva, advirtió que la modificación podría ampliar la brecha entre grandes compañías y pequeños y medianos productores. «Se desfavorece alguien? Sí, muchos, todos los medianos y pequeños productores, que son la mayoría, que no tienen la posibilidad de desalcoholizar un vino», escribió.
Su cuestionamiento llega al corazón del debate: si la nueva norma constituye una modernización necesaria para que Chile compita en una categoría internacional en expansión o si, además, modifica las reglas de un mercado donde no todos cuentan con las mismas herramientas para aprovecharla.