Mientras miles de familias aún enfrentan las consecuencias del sistema frontal que afectó a la provincia de Huasco, vecinos denunciaron que diversas compañías de telecomunicaciones habrían comenzado a suspender líneas móviles por no pago, pese a que el territorio permanece bajo Estado de Catástrofe.
La situación ha generado indignación entre usuarios que sostienen que, además de enfrentar problemas de abastecimiento de agua potable, aislamiento de sectores y dificultades de conectividad vial, ahora deben lidiar con la pérdida de uno de los principales medios de comunicación disponibles durante una emergencia.
Vecinos que perdieron todo, sin agua y, encima, les cortan el teléfono y todo medio de comunicación. ¿Dónde están las autoridades que no hacen nada al respecto?», señala una denuncia enviada a este medio.
Algunas compañías habrían mantenido temporalmente las líneas de los usuarios activas durante los primeros días de la emergencia, las cuales en algunos casos no se usaron por la débil señal que recibían.
«Entel dice que solo siete días dieron el beneficio de dejar las líneas activas y desde el día 25 ya vienen cortando a todos, no importando su situación», agrega otro de los testimonios recibidos.
Telecomunicaciones: mucho más que llamadas
La denuncia vuelve a poner sobre la mesa una discusión que ha cobrado fuerza en los últimos años: el papel de las telecomunicaciones durante una emergencia.
Hoy un teléfono móvil no solo permite realizar llamadas. A través de él, las personas reciben alertas SAE de SENAPRED, coordinan ayuda familiar, acceden a información oficial, realizan trámites bancarios, solicitan asistencia de emergencia, mantienen contacto con familiares y pueden reportar situaciones de riesgo desde sectores aislados.
Los vecinos afectados señalan que no están reclamando por servicios recreativos como plataformas de video o entretenimiento, sino por funciones básicas para subsistir y mantenerse comunicados con autoridades, organismos de emergencia y sus propias familias.
Necesitamos WhatsApp, SMS, llamadas, acceso a páginas del Gobierno, bancos y servicios esenciales. «Cuando cortan la línea, quedamos sin nada», señalan afectados.
Para muchas familias, quedarse sin señal equivale a quedar completamente desconectadas del resto de la comunidad.
Una nueva realidad legal: Internet como servicio público
La controversia adquiere mayor relevancia tras la entrada en vigencia de la Ley n.º 21.678, promulgada en julio de 2024, que modificó la Ley General de Telecomunicaciones y reconoció la conectividad digital como un servicio público y un derecho básico para la ciudadanía.
La normativa fortaleció las facultades de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) para fiscalizar la infraestructura digital y reducir las brechas de conectividad, especialmente en zonas rurales y aisladas.
Sin embargo, según la investigación que este medio efectuó, se advierte que la legislación aún no contempla de forma explícita la suspensión automática de cobros o la prohibición de cortes por morosidad cuando una zona es declarada bajo Estado de Catástrofe, generando un vacío que hoy queda expuesto por esta emergencia.
Problemas de señal en los momentos más críticos
A las denuncias por suspensión de líneas se suman reportes de usuarios que afirman haber experimentado pérdida de cobertura, degradación de la señal, desaparición de redes 5G y dificultades para acceder a servicios de datos durante los días más complejos del sistema frontal, hechos que fueron variando dependiendo de la zona.
En diversos sectores rurales de la provincia también se reportaron momentos con señal extremadamente débil o nula, precisamente cuando las familias necesitaban mantenerse informadas sobre el comportamiento de quebradas, caminos y condiciones meteorológicas.
Algunos vecinos incluso aseguraron que no todos los mensajes de alerta y emergencia lograron llegar oportunamente a la población durante los episodios más intensos del temporal.
Los denunciantes solicitan un pronunciamiento de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), así como gestiones de alcaldes, parlamentarios y autoridades provinciales para evaluar medidas extraordinarias que permitan garantizar la continuidad de las comunicaciones en zonas afectadas por catástrofes.