El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) cumplirá el próximo 20 de julio 16 años desde su creación, y por estos días se ha abierto un debate a raíz de voces que han pedido una «reforma profunda» y cambios en su gobernanza.
La semana pasada, exautoridades del organismo, además de abogados y académicos, enviaron una carta a El Mercurio donde piden una reforma para fortalecer la autonomía, pluralismo, gobernabilidad y eficacia del INDH.
En el texto, Sebastián Donoso; Carlos Frontaura; Branislav Marelic; Sergio Micco; Manuel Núñez; y Eduardo Saffirio, destacaron el aporte del INDH para la democracia chilena, pero en la necesidad de abordar sus deficiencias.
Por su parte, los diputados de la bancada UDI, Sergio Bobadilla, Hotuiti Teao y Eduardo Cretton, pidieron al Gobierno presentar «a la brevedad posible», una reforma destinada a modificar la actual gobernanza del INDH. De hecho, recordaron que en mayo, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para que el organismo «cuente con una estructura técnica imparcial y donde la labor de sus consejeros se oriente al respeto y la protección universal de los DD.HH, sin sesgos en el ejercicio de sus funciones».
Molestia del gobierno
Por ahora el Gobierno no se ha pronunciado respecto a una reforma, pero sí han habido voces del Ejecutivo que han hecho notar su malestar por la opinión del INDH en torno al Registro Nacional de Vándalos, específicamente respecto a las sanciones a los «rayados» que propone el proyecto.
Esto, porque una minuta del INDH plantea, en su punto 4, titulado «criminalización de la expresión artística», que la «amplia redacción» en torno a los rayados, puede «alcanzar formas de expresión artística, cultural y política».
Ante esto, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, sostuvo ayer en su cuenta de X que «el INDH vuelve a romantizar el vandalismo y a ignorar sus consecuencias. Llama ‘expresión artística’ a rayar sin permiso bienes públicos o privados. No. El arte no da derecho a intervenir lo ajeno y pasarles la cuenta a todos. Quien vandalice, que responda».
Cuando el Presidente José Antonio Kast estaba en plena campaña para llegar a La Moneda, escribió en su cuenta de X que el INDH «solo se dedica a perseguir y hostigar a Carabineros. Está claro que debemos cerrarlo«. Instalado ya en Palacio, el mandatario no ha vuelto a plantear la posibilidad de eliminar el organismo.
Lo cierto es que las críticas hacia la gobernanza y gestión del INDH han sido permanentes, con acusaciones de estar «cooptado» ideológicamente por sectores de izquierda, situación que su director, Yerko Ljubetic, ha negado.
Diseño del INDH
El INDH está compuesto por 11 miembros, quienes provienen de distintos mecanismos de desginación -sociedad civil, Congreso, Presidente y facultades de Derecho. El diseño busca pluralismo, sin embargo, las trayectorias públicas de sus miembros abren inferencias en torno a sus afinidades políticas o ideológicas.
El actual director, Yerjo Ljubetic fue ministro del Trabajo de Ricado Lagos y ex militante de la DC. Fue fundador de Convergencia Social y cercano al Frente Amplio. También fue consejero constitucional por la RM en el Proceso Constitucional, donde respetó los intereses del entonces oficialismo.
En el grupo de los miembros designados por la sociedad civil está la consejera Alejandrina Tobar, abogada, quien ha sido histórica defensora de los Derechos Humanos, ligada a organizaciones víctimas de la dictadura; Osvaldo Torres, de profesión sociólogo, y dirige la Fundación PRODEH; Constanza Valdés es abogada y ex candidata constituyente apoyada por el Frente Amplio.
Designado por una facultad de Derecho está Ignacio Covarrubias, profesor UC, vinculado académicamente a la Universidad Católica y con posición más conservadora.
Por el Senado fue designada Beatriz Corbo, exdirectora jurídica del Senado, quien mantiene un perfil más técnico; y el abogado Patricio Rojas. Por la Cámara de designada Cristián Pertuzé, ex secretario ejecutivod de Comunidad y Justicia, organización de inspiración cristiana conservadora; y Paula Salvo, abogada especialista en DD.HH.
Los miembros designados por el ex Presidente Gabriel Boric fueron Antonia Urrejola, exministra de Relaciones Exteriores del anterior gobierno; y Juan Carlos Cayo, dirigente aimara y académico, quien ha trabajado por el derecho de pueblos indígenas y desarrollo territorial.