PDI habría allanado dos veces el Hospital Regional de Copiapó mientras Carla Paulsen es «premiada» con la Subdirección Médica
Un verdadero terremoto administrativo y judicial sacude los cimientos del Hospital Regional de Copiapó (HRC).
Según fuentes internas del recinto asistencial, la Policía de Investigaciones (PDI) habría ejecutado dos allanamientos en el recinto hospitalario, requisando computadores y documentación de oficinas clave. Esto, en el marco de una investigación penal reservada que busca esclarecer presuntos delitos asociados a millonarias contrataciones públicas.
El detonante: El millonario caso de la empresa Mararan Servicios Limitada
La arista más compleja que indaga la justicia penal apunta a la empresa Mararan Servicios Limitada. Quien se adjudicó millonarios contratos vía trato directo con el Servicio de Salud Atacama y el propio hospital, acumulando transacciones que bordean los $1.000 millones de pesos entre marzo de 2023 y 2026.
La gravedad de la hipótesis radica en un potencial y masivo conflicto de interés en la cúpula de salud: uno de los socios y administrador de dicha proveedora es médico anestesista que se desempeña activamente como funcionario dentro del mismo Hospital Regional de Copiapó. La justicia penal busca esclarecer si existieron delitos de negociación incompatible, fraude al fisco o tráfico de influencias en la adjudicación de estas prestaciones médicas.
Polémico «premio» en medio de cuestionamientos de Contraloría
A esta grave indagatoria de la PDI se suma una profunda indignación y cuestionamiento político al interior del recinto debido al nombramiento de la Dra. Carla Paulsen Gutiérrez en la Subdirección Médica (s) del Hospital Regional de Copiapó.
La designación ha sido calificada como un «premio» insólito. Considerando que apenas el 5 de marzo de 2026, la Contraloría emitió un categórico informe (Oficio n.º OF44766/2026) en donde «acogió una denuncia por tratos directos irregulares que involucran directamente a Paulsen».
La fiscalización determinó que el hospital vulneró gravemente la Ley de Compras Públicas al contratar vía trato directo a la «Sociedad Traumatológica Revuelta y Paulsen Limitada», cuyos únicos socios y representantes legales son la Dra. Carla Paulsen y su cónyuge, el Dr. Fernando Revuelta (quien ejercía como Jefe de Traumatología).
Según el órgano contralor: «El hospital aprobó estas órdenes de compra de forma excepcional sin justificar documentalmente por qué se elegía a esta sociedad y no a otra».
Las contrataciones infringieron las prohibiciones legales de contratar con el propio personal del servicio, sin cumplir con las estrictas causales excepcionales que exige la normativa.
La paradoja de que una de las profesionales directamente amonestadas por la Contraloría por saltarse la Ley de Compras Públicas termine asumiendo el control de la Subdirección Médica del establecimiento ha encendido las alarmas sobre posibles redes de protección y favores políticos en la administración de la salud pública de Atacama.