La expulsión de un estudiante de 11 años de la escuela Emilia Schwabe Rumohr de Freirina llegó hasta la Corte de Apelaciones de Copiapó, según detalló Diario Atacama. La familia del alumno presentó un recurso de protección en el que acusa que la medida fue adoptada mediante un procedimiento irregular, vulnerando garantías como el debido proceso y la integridad psíquica del menor.
El caso se remonta a abril de este año, cuando el alumno de sexto básico compartió en un grupo de WhatsApp del curso una imagen de un arma obtenida desde internet. Según la acción judicial, la fotografía permaneció visible solo algunos minutos antes de ser eliminada por el propio niño, informó el diario.
La defensa sostiene que el estudiante nunca portó armas reales, no realizó amenazas ni protagonizó hechos de violencia dentro o fuera del establecimiento. Pese a ello, tras una investigación interna, la escuela resolvió aplicar la máxima sanción contemplada en su reglamento: la expulsión.
INICIO DEL CONFLICTO
De acuerdo con la presentación judicial, los hechos se produjeron en medio de una investigación interna relacionada con rayados aparecidos en dependencias de la escuela durante los días 13 y 14 de abril.
Fue en ese contexto que el estudiante compartió la imagen en el grupo denominado «Solo Tareas Sexto A». Según el recurso, antes de que existiera una investigación formal o se escuchara la versión del alumno, una profesora habría intervenido en el chat señalando que los antecedentes serían puestos en conocimiento de la Policía de Investigaciones.
La defensa sostiene que esa situación provocó una exposición pública del menor frente a sus compañeros y generó una percepción anticipada de culpabilidad. Al día siguiente, el padre del estudiante fue citado al establecimiento junto a su hijo. Allí se les informó que el alumno quedaría suspendido por diez días mientras se desarrollaba una investigación.
El recurso asegura que durante esa reunión no se entregaron antecedentes claros sobre los hechos investigados ni se permitió ejercer adecuadamente el derecho a defensa.
Además, afirma que funcionarios del establecimiento habrían señalado al apoderado que el alumno no podía permanecer en la escuela porque constituía un peligro para profesores y estudiantes.
CUESTIONAMIENTOS AL PROCEDIMIENTO
La acción judicial describe una serie de irregularidades durante el desarrollo del proceso disciplinario. Entre ellas, sostiene que el apoderado fue obligado a presentar descargos sin conocer en detalle los cargos formulados contra su hijo y sin acceso suficiente a los antecedentes de la investigación.
También cuestiona que la resolución de expulsión habría sido dictada el 23 de abril de 2026, pero que la familia solo tomó conocimiento efectivo de ella el 18 de mayo, cuando fueron nuevamente citados al establecimiento.
Durante semanas existió incertidumbre respecto de la situación académica del estudiante, ya que continuaban realizándose comunicaciones desde la escuela que daban a entender que el vínculo escolar seguía vigente. Incluso se continuaba enviando tareas, material pedagógico y notificaciones por inasistencias.
Asimismo, denuncia que el 16 de junio el apoderado fue nuevamente citado para proceder al retiro formal del alumno, situación que la defensa considera una muestra de las contradicciones administrativas que marcaron el procedimiento.
IMPACTO EMOCIONAL
Uno de los elementos centrales de la acción judicial es el impacto que el proceso habría tenido en la salud emocional del estudiante. El niño comenzó a presentar síntomas asociados a ansiedad, retraimiento social, alteraciones del sueño, disminución del apetito, dificultades para expresar emociones y una importante afectación emocional vinculada al conflicto escolar.
Incluso la presentación judicial agrega que cerca de veinte compañeros de curso visitaron al estudiante en su domicilio durante mayo para brindarle apoyo emocional y manifestarle su deseo de que pudiera regresar a clases.
Asimismo se argumenta que el establecimiento no acreditó amenazas concretas, daño físico ni afectación material a miembros de la comunidad educativa, y que tampoco evaluó adecuadamente medidas alternativas de carácter pedagógico o formativo antes de aplicar la máxima sanción contemplada en su reglamento interno.
En paralelo se cuestiona que la resolución no habría considerado elementos como la edad del estudiante, su etapa de desarrollo, la inexistencia de antecedentes de violencia y las conclusiones del informe psicológico.
Por ello, la acción judicial solicita que se deje sin efecto la expulsión, que el alumno sea reincorporado a la escuela y que, en caso de estimarse necesario continuar con un procedimiento disciplinario, este se retrotraiga para garantizar plenamente el debido proceso.
SLEP HUASCO
Consultado sobre la situación, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Huasco defendió el actuar del establecimiento y aseguró que se respetaron los procedimientos establecidos. «La Escuela Emilia Schwabe Rumohr actuó conforme a los procedimientos y protocolos establecidos en su Reglamento Interno y en la normativa educacional vigente», señalaron desde el organismo.
Asimismo, indicaron que durante el desarrollo del proceso existió apoyo técnico permanente al establecimiento. «Los equipos técnicos del SLEP Huasco brindaron acompañamiento y orientación al establecimiento educacional para la correcta aplicación de los procedimientos contemplados en la normativa y en sus instrumentos de gestión», precisaron.
Agregaron que «con el objetivo de resguardar la trayectoria educativa del estudiante, se han realizado coordinaciones con el Departamento Provincial de Educación para gestionar alternativas de matrícula en otro establecimiento de la comuna», agregaron.
El SLEP Huasco también confirmó que actualmente existen procesos de revisión en curso respecto de la situación denunciada. Según indicó la institución, los antecedentes están siendo analizados por las autoridades competentes y existe un procedimiento abierto ante la Superintendencia de Educación.
Finalmente desde el organismo señalaron que no entregarán mayores antecedentes mientras las investigaciones permanezcan vigentes.