Lo que hace cuatro años comenzó como una etapa de renovación para la Junta de Vecinos Población Ventanas de Vallenar terminó convertido en un caso judicial que dejó a una comunidad golpeada, sin acceso a nuevos proyectos y con una profunda sensación de traición.
Esta semana, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó condenó a Pablo Antonio Portillo, expresidente de la organización, como autor del delito consumado de apropiación indebida, tras acreditar que se quedó con $11.477.160 correspondientes a tres proyectos que habían sido adjudicados para beneficiar a los vecinos del sector.
La sentencia le impuso una pena de dos años de presidio menor en su grado medio, una multa de 11 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y la suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena. No obstante, el condenado podrá cumplir la pena en libertad bajo el beneficio de la remisión condicional, debiendo permanecer durante dos años bajo la supervisión administrativa de Gendarmería de Chile.
Pablo Portillo llegó a la Junta de Vecinos Población Ventanas a fines de 2021. El 27 de noviembre de ese año fue elegido presidente por los socios de la organización y rápidamente se convirtió en una figura cercana para los vecinos.
“Era un hombre joven, muy activo, muy atento y muy proactivo. Nos cayó muy bien y confiamos en él”, recordó Nancy del Carmen Madariaga Gallardo, actual segunda directora de la junta de vecinos y una de las personas que declaró durante el juicio.
La junta de vecinos se adjudicó tres iniciativas financiadas con recursos públicos y privados.La más importante correspondía a un proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart), por $9.579.160, destinado a desarrollar una serie de actividades culturales y comunitarias, incluyendo talleres y eventos de integración vecinal, entre ellos un festival para la población que finalmente nunca se realizó.A ello se sumó un proyecto del Fondo Social Presidente de la República por $1.500.000, cuyos recursos estaban destinados a la adquisición de una carpa tipo toldo de gran tamaño y otros implementos para la realización de celebraciones y actividades comunitarias.
El tercer aporte provenía de la empresa Nueva Atacama y ascendía a $398.000, dinero que debía utilizarse para la compra de un horno industrial que quedaría a disposición de la organización y de las actividades desarrolladas por los vecinos.
En total, $11.477.160 fueron depositados en la cuenta de la Junta de Vecinos Población Ventanas.
El dinero salió, pero los proyectos nunca se hicieron. Según quedó acreditado en el juicio, cada vez que los recursos llegaban a la cuenta de la organización, Portillo llamaba al tesorero, un adulto mayor, para que acudiera al banco y retirara el dinero.
“El tesorero le pedía las boletas y las facturas porque tenía que llevar las cuentas, pero él siempre respondía que los proyectos los manejaba personalmente y que luego entregaría toda la documentación”, relató Nancy Madariaga.