El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, dio a conocer que -mediante la cartera que lidera- solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) representación para interponer una querella criminal contra las empresas a cargo de la reconstrucción en el sector El Olivar de Viña del Mar, región de Valparaíso.
A través de su cuenta de X, el ministro Poduje escribió: “Descubrimos nuevas irregularidades en empresas que participaron de reconstrucción de El Olivar Viña del Mar. Son graves. Ya presentamos las querellas al CDE”.
Junto a la publicación, adjuntó imágenes con el comunicado donde detalla que el Minvu decidió ampliar una “denuncia criminal en contra de EP Social Arquitectura”.
Ante ello, solicitó al Consejo de Defensa del Estado interponer una querella por irregularidades en la reconstrucción post-incendio en El Olivar.
“El uso de vínculos con funcionarios del SERVIU Valparaíso para obtener habilitaciones y adjudicaciones irregulares desencadenó denuncias penales, sumarios administrativos, una auditoría nacional y la solicitud de representación al CDE para interponer querella criminal“, afirma la misiva.
Al respecto, la abogada de Social Arquitectura, Erika Maira, catalogó las acusaciones como un “amedrentamiento” por para del secretario de Estado.
“Nuevamente observamos como el ministro (Poduje) utiliza el amedrentamiento comunicacional y el aparato del Estado para justificar decisiones ilegales por las que él y su SEREMI se encuentran querellados”, criticó
“Sus decisiones no tienen sustento como se demuestra a través de diversas resoluciones que los Tribunales de Justicia han dictado y es muy llamativa la persecución que desarrolla contra funcionarios que no tienen inhabilidades y que, según han informado a los medios, declararon sus vínculos desde el inicio ante sus jefaturas”, aseguró.
“Nos parece que esta es una clara maniobra para ocultar la gravedad de lo ocurrido esta semana con ROBERTO MARCHANT, el encargado de Reconstrucción de El Olivar que instaló el ministro, quien al mismo tiempo era representante legal de una constructora que construía casas para familias damnificadas del incendio de 2024, lo que sólo salió a la luz ya que fue demandado por incumplimiento de contrato”, añadió.
Poduje: Minvu acude a CDE para querella criminal contra empresas por reconstrucción en El Olivar
El comunicado en cuestión publicado por el jefe del Minvu señala que “como resultado de una serie de investigaciones administrativas y técnicas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha solicitado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) la interposición de querella criminal en representación del Fisco de Chile, por graves irregularidades detectadas en la ejecución del programa de reconstrucción derivado del incendio del 2 de febrero de 2024 en la Población El Olivar, Viña del Mar, ejecutado por EP y la constructora San Sebastián”.
“De esta forma, el Ministerio solicitó formalmente al CDE que analice los antecedentes e interponga querella criminal, en contra de las Entidades Patrocinantes Social Arquitectura y Uno a Uno SpA, por los delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento falso, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias, estafa, amenazas y cuasidelitos por riesgo a la seguridad estructural, entre otros”, detalla.
“La investigación ministerial identificó la utilización indebida de la función pública para favorecer a entidades patrocinantes privadas. Una de ellas mediante la intervención de un ex director de SERVIU Valparaíso, quien suscribió el 19 de julio de 2024 un certificado de experiencia técnica que acreditaba 1.006 beneficiarios de la EP Social Arquitectura Ltda., distribuidos en 14 proyectos“, agrega.
“Los antecedentes determinaron que ninguno de esos proyectos cumplía la exigencia reglamentaria de estar concluido y aprobado a esa fecha; varios registraban 0% de avance“, asegura.
En ese sentido, acusa: “Dicho certificado permitió a la entidad obtener fraudulentamente un aumento de categoría en el Registro Regional de Asistencia Técnica (CRAT), accediendo sin la experiencia real requerida a proyectos de alta complejidad valorados en 709.143,09 UF. Además, el ex director habría acompañado a Social Arquitectura y a la Constructora San Sebastián en reuniones de adjudicación de proyectos habitacionales”.
Del mismo modo, menciona que “se verificó que en la plataforma de Asistencia Social de SERVIU, una funcionaria habría revisado y aprobado módulos sociales de proyectos de la EP Social Arquitectura, omitiendo el deber de declarar la relación familiar con el socio y administrador de dicha EP”.
“Otro de los hallazgos de la investigación determinó que una segunda Entidad Patrocinante, EP Uno a Uno SpA, habría suscrito Convenios Regionales de Asistencia Técnica (CRAT), -esenciales para la ejecución de los proyectos urbanos y habitacionales- con el MINVU, omitiendo dos inhabilidades: vínculo matrimonial con funcionaria del SERVIU Valparaíso y desempeño previo como funcionaria en el propio MINVU. La entidad intentó además recibir en cesión los proyectos de la EP Social Arquitectura”, añade.
Sumarios y Auditoría Nacional
Ante estas presuntas irregularidades detectadas, “el 17 de junio de 2026, el Ministerio instruyó dos sumarios administrativos a fin de establecer las eventuales responsabilidades de los funcionarios vinculados a los hechos investigados”.
Asimismo, “como medida de alcance nacional, la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo instruyó el inicio de un proceso de auditoría interna sobre la totalidad de los Convenios Regionales de Asistencia Técnica (CRAT) vigentes en todas las regiones del país. La medida responde a los hallazgos del caso El Olivar y a la detección de patrones de irregularidad que podrían replicarse en otras regiones”.
De acuerdo con el texto, la auditoría comprende seis ámbitos de revisión:
-Veracidad y completitud de las declaraciones juradas contenidas en los convenios CRAT vigentes.
-Intervención de funcionarios públicos en procedimientos vinculados a entidades patrocinantes, a fin de identificar conflictos de interés e infracciones al deber de abstención”.
-Cesiones, traspasos y modificaciones de cartera de proyectos, verificando la existencia de autorización previa en cada caso.
-Estado técnico de los proyectos en ejecución, en coordinación con DITEC, para determinar la necesidad de inspecciones adicionales.
-Situación de entidades patrocinantes suspendidas o con convenios terminados, a fin de asegurar que no continúen operando bajo otras formas o mediante traspasos informales.
-Cualquier otra irregularidad detectada en el desarrollo de las actividades relativas a los CRAT.
Antecedentes previos según Poduje
De acuerdo con los antecedentes que maneja el Minvu, el 26 de marzo de este año, mediante el Oficio N° 251, el Ministerio presentó denuncia criminal ante la Fiscalía Regional de Valparaíso contra la Constructora San Sebastián y la EP Social Arquitectura Ltda., tras verificar las siguientes irregularidades en la ejecución de las viviendas:
-Uso del sistema constructivo “Fast Work” en configuración no autorizada —viviendas de dos pisos en cuatripareo—, pese a estar aprobado únicamente para viviendas de un piso aisladas.
-Graves deficiencias estructurales: discontinuidades en elementos resistentes y ausencia de configuración de marco rígido, con riesgo sismorresistente, según informes DITEC e IDIEM.
-Incumplimiento de normas de protección contra incendio y aislación acústica de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
-Modificación unilateral de materiales comprometidos en planos y propuestas originales, sin consentimiento de las familias beneficiarias.
-Amenazas a familias que intentaron cambiar de entidad patrocinante, advirtiéndoles cobros de $1.200.000 descontados del subsidio habitacional.
-Participación del ex Director de SERVIU Valparaíso en reuniones de adjudicación junto a las empresas denunciadas.
“Luego el 13 de mayo, la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso complementó la denuncia original al verificar que la EP Social Arquitectura obtuvo fraudulentamente un au-mento de categoría en el Registro Regional de Asistencia Técnica (CRAT) mediante un certi-ficado de experiencia suscrito el 19 de julio de 2024 por el entonces Director de SERVIU Valparaíso”, precisa la misiva.
“Finalmente, frente a los recursos de protección interpuestos en contra de las medidas adoptadas por el Ministerio —entre ellas, la paralización y demolición de las obras con deficiencias-, la Corte de Apelaciones de Valparaíso no ha revertido las actuaciones del Ministerio a la fecha de emisión de esta nota. En consecuencia, las acciones institucionales en curso no han sido suspendidas por resolución judicial“, concluye.