El 7.° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago rechazó la nulidad del juicio por el megafraude a Fonasa solicitada por las defensas públicas y privadas. La decisión se tomó ad portas de la lectura del veredicto y tras la apertura de un cuaderno de remoción contra una jueza del mismo tribunal, por presuntamente salir del país mientras estaba con licencia médica.
El defensor penal público de cinco imputados, Roberto Pumarino, explicó que la solicitud de nulidad se basó en que el antecedente del cuaderno de remoción, por investigación ligada a una licencia médica, era un elemento que, a su juicio, viciaba la imparcialidad objetiva del tribunal.
El tribunal desestimó el recurso en todas sus partes, señalando que no cumplía con ninguna causal de nulidad ni satisfacía los presupuestos materiales requeridos.
Asimismo, se reiteró la inhabilidad voluntaria de la jueza Alejandra García Bocaz, tras la apertura del proceso administrativo en su contra.
El fiscal metropolitano Oriente, Álvaro Pérez, calificó de “contundente” la resolución y señal que, con esta decisión, se concluyó “que no hubo afectaciones de garantías en orden al debido proceso”.
Además, al ser consultado sobre si la jueza alcanzó a escuchar algún alegato mientras tenía conocimiento del cuaderno de remoción, advirtió que un día determinado se les informó que, la tarde del día de la jornada anterior, se tomó conocimiento del pronunciamiento de la Corte Suprema. Por ello, indicó que si no se dio inicio a las etapas propias del juicio, la magistrada no tomó conocimiento de nada relativo al juicio a este tras la decisión del máximo tribunal.
“Sobre esta resolución no quedamos satisfechos, pero como es así el procedimiento penal, tenemos que llegar a la sentencia definitiva y en esa instancia evaluar los elementos o acciones jurídicas que vamos a tomar“, expresó Pumarino.
Juicio de megafraude a Fonasa avanza hacia su etapa final
Tras la resolución, se confirma que el juicio por los $31.571.798.633 defraudados a Fonasa continuará bajo la tramitación de los dos magistrados presentes.
Cabe recordar que la investigación fue formalizada el 8 de diciembre de 2022, en una audiencia que se extendió por 16 horas.
Posteriormente, el 19 de abril de 2024, se cerró la investigación y se presentó la acusación contra 17 personas —9 de ellos médicos extranjeros, grandes emisores— por los delitos de emisión de licencias falsas, asociación ilícita, fraude de subvenciones y lavado de activos.
El juicio oral comenzó el 15 de julio de 2025. Durante su desarrollo, la Fiscalía Oriente acreditó que los médicos involucrados crearon diversos centros médicos para emitir más de 80 mil licencias fraudulentas, según estimaciones del ente persecutor.
El líder de la red, el ciudadano colombiano Samir Rivaldo, junto a su pareja Yesica Donado, habría establecido en Chile un sistema con otros colegas, principalmente de nacionalidad colombiana, para emitir y cobrar por licencias sin atención médica real.
Según la investigación, los permisos variaban entre 11, 15, 21 o 30 días de reposo, careciendo de sustento clínico especializado.
Finalmente, el caso registra 12 médicos cirujanos, todos extranjeros, condenados en procedimientos abreviados: tres de ellos fueron expulsados del país al no acreditar arraigo y determinarse que ingresaron al territorio exclusivamente para delinquir.
Sobre las penas que pide la Fiscalía, el fiscal Pérez dijo que las mayores, que superan los 20 años de presidio, corresponden a los médicos que crearon centros para la emisión masiva de licencias y fueron acusados por delitos de lavado de activos. Las penas varían generalmente desde los cinco años y un día, “en atención a la intervención y la calidad que tiene cada uno en los delitos“.
El fiscal advirtió que, a inicios de la próxima semana, debería existir un veredicto por parte del tribunal.