La decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) -mediante una resolución exenta- de habilitar el pago de IVA Digital a las casas de apuestas online que captan ilegalmente clientes en Chile no solamente causó molestia en el gremio de los casinos.
Esto porque tres senadores de oposición, todos miembros de la Comisión de Economía, rechazaron la medida y anunciaron que llevarán a la Contraloría la actuación administrativa del SII, en cuya dirección el Presidente Kast usó una de las llamadas «balas de plata».
Gastón Saavedra (PS), Ricardo Celis (PPD) y Diego Ibáñez (FA) manifestaron que la resolución valida «de facto» a estas empresas con domicilio en el extranjero, y cuya regulación se tramita en un proyecto de ley que ve actualmente la Cámara Alta.
«A las plataformas de apuestas online nadie la fiscaliza, su regularización se está definiendo en el Congreso, en el Senado, y no en un servicio del Ministerio de Hacienda. Hoy, legalizar administrativamente un negocio irregular es ceder al lobby de las casas de apuestas online. Llevaremos esta irregularidad a la Contraloría y citaremos a el director del Servicio de Impuestos Internos a comparecer al Senado para dar las explicaciones pertinentes», detalló Ibáñez.
«Facilidades a la ludopatía y el endeudamiento»
Para Gastón Saavedra, presidente de la Comisión de Economía del Senado, «la resolución 69 del SII viene a legitimar y validar las apuestas en línea de carácter ilícito, sin saber de dónde vienen los recursos que se usan».
«Lo único que permite está resolución es darle facilidades a la ludopatía y el endeudamiento, saltándose el Congreso, saltándose el debate democrático y permitiendo que Chile se convierta en un gatito», lamentó.
Por su parte, Ricardo Celis estimó que el SII «se ha pasado tres pueblos autorizando a las empresas de juegos online, que en este momento no son legales, así lo han expresado varias instituciones en Chile. Ellos las han autorizado, pasando por encima del Congreso, evadiendo algunos aspectos legales».
«Estamos citando a la Comisión de Economía, a la contralora y al director del Servicio de Impuestos Internos, para que dé explicaciones razonables de aquello. Me parece que es un acto nulo, incluso, desde el punto de vista jurídico», remató.