«El proyecto de ley sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE) es una de nuestras prioridades y pretendemos, en los primeros 90 días, poder ingresar las indicaciones y empujar la reforma», dijo la ministra de Educación, María Paz Arzola, a pocos días de asumir.
Así, en el marco de ese plazo autoimpuesto, la cartera prepara una iniciativa para modificar el SAE, mecanismo que desde su implementación ha enfrentado críticas por parte de apoderados, sostenedores y parlamentarios oficialistas, debido a problemas en la asignación de cupos.
De acuerdo a lo consignado por El Mercurio, conocedores del trabajo de la propuesta han señalado que se busca que los colegios que quieran continuar utilizando el mecanismo centralizado puedan hacerlo, pero que aquellos que prefieran desarrollar procesos propios directos tengan esa alternativa.
Así, algunos establecimientos podrían incorporar criterios como notas, entrevistas, pruebas u otros mecanismos de selección, manteniéndose bajo fiscalización de la Superintendencia de Educación.
Aunque el proyecto aún no ingresa al Congreso, en el Mineduc afirman que la propuesta está avanzada y recogerá elementos de distintas mociones parlamentarias.
Agregan que se avanzaría en su presentación una vez despejada parte de la carga legislativa asociada al proyecto Escuelas Protegidas. El pasado martes, el proyecto fue aprobado en particular en el Senado, para luego ser despachado a la Cámara de Diputados.
Debate por ajustes
Desde la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el presidente de la instancia, diputado Sergio Bobadilla (UDI), planteó a Emol que «es una gran noticia que el Gobierno busque reponer la selección basada en el mérito y el rendimiento académico. El esfuerzo de los estudiantes y sus familias debe reconocerse, no ignorarse, de manera de evitar los casos en que alumnos con buen desempeño no puedan acceder a los colegios que desean».
En ese sentido, expresó que «creemos que es un acto de justicia corregir el modelo actual. La eliminación total de la selección durante el segundo gobierno de la ex Presidenta Bachelet perjudicó a muchas familias, y reintroducir el mérito no es excluir, sino que reconocer las trayectorias académicas y generar incentivos positivos».
Con todo, subrayó que «vamos a apoyar con fuerza esta propuesta. Es razonable que un porcentaje de cupos considere la selección, resguardando así el proyecto educativo y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos».
Por su parte, desde la DC, el diputado Héctor Barría, comentó que «no podemos pasar de un modelo a otro, que cada gobierno haga lo que estime pertinente. Debemos tener una política clara hacia el futuro».
«Se quiso dejar de lado la subjetividad, o que cada colegio establezca una prueba, que en la práctica se daba mucho para lo que se, no se comúnmente como pituto, a la tómbola que también provoca problemas en la convivencia. Trabajemos con altura de miras esta posibilidad de hacer mejoras, pero pasar a un sistema de que cada colegio tenga su propia prueba, no parece correcto, de buenas a primeras», afirmó.
Expertos opinan
Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos, presidió la mesa técnica que recomendó acciones al SAE el año pasado (de la cual también formó parte la hoy ministra Pizarro), y según señaló a El Mercurio, «el algoritmo del SAE es sumamente flexible, funciona con selección o sin ella, incluso funciona cada establecimiento tiene sus propios criterios de selección. Por lo tanto, no hay una justificación técnica que justifique un proceso de selección independiente».
El académico Gonzalo Muñoz, de la Facultad de Educación de la U. Diego Portales e integrante de la misma instancia, dijo al citado medio que «lo más importante en cualquier discusión sobre el SAE es resguardar el derecho de niños y familias a un trato igualitario y no discriminatorio. Ese es el principio que dio origen al sistema, pues la evidencia previa a la Ley de Inclusión mostraba prácticas masivas de selección arbitraria, sobre todo hacia estudiantes prioritarios y con necesidades educativas especiales».
Por su parte, Alejandro Carrasco, decano de la Facultad de Educación de la U. Católica, manifiesta que «el gobierno anterior no pudo avanzar en el Congreso y se realizará mejoras que el SAE requiere y que la mesa del SAE identificó.
Muchas apuntaban a otorgar mayor autonomía a los colegios con excepcionalidades, dar mayor resguardo a los proyectos educativos y ampliar los criterios de prioridad, como el rendimiento».
En ese sentido, dijo que ahora se espera que el Gobierno retome esas propuestas «que tienen amplio respaldo técnico, siendo un riesgo que se exploren ideas como permitir que colegios con financiamiento público se descuelguen del SAE, pues eso lesionaría claramente la libertad de elección de las familias».