Un reportaje del medio «El Dinamo« entregó detalles de la salida del director ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama. El cual desglosó las irregularidades detectadas en su gestión, sus medidas y las redes de poder del Partido Socialista (PS).
Según lo relatado por el citado medio, el Daslav Mihovilovic Pérez, tras asesorar a la senadora Yasna Provoste (DC), fue nombrado en febrero de 2025 como director ejecutivo suplente del SLEP Atacama. Institución marcada por las influencias del PS.
Irregularidades en bodega
Al asumir, Mihovilovic Pérez detectó que en 10 meses se habrían generado 843 órdenes de compra por un total de $1.145 millones de pesos, mediante Compra Ágil y sin licitación, en la Unidad de Compras y Logística.
Por ejemplo, en una bodega, cuyo costo de arriendo mensual era de $6,2 millones de pesos, estaba llena de productos: cunas, insumos de oficina, muebles, equipos electrónicos y vestuario. Pero días después, en una segunda visita por parte del equipo, se percataron de que faltaba al menos la mitad de los productos.
A su vez, se percataron de que no había registro de inventario ni de ingresos y salidas de funcionarios. Revelando el desorden administrativo que se vivía en la Unidad de Compras. Sumado al exceso de tratos directos y las solicitudes de pago sin contrato de esta unidad.
Lo cual puso en alerta a Mihovilovic. Quien encargó una auditoría de todos los procesos de adquisiciones, la que cubriría diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025.
Tras las primeras indagatorias, se estableció que los servicios de traslado de insumos habían sido adjudicados a dos empresas distintas: Norplastic Ltda. y Comercial Pellahuén. Quienes pertenecían al mismo dueño. A su vez, una de ellas (Norplastic Ltda.) estaba exenta de la Ley de Compras.
De acuerdo al citado medio, la responsable de estas gestiones había sido la encargada de Compras y Logística, Viviana Arana Araya, quien ya contaba con anotaciones de demérito por irregularidades previas.
Eventuales conflictos de interés
Otro dato que destaca el reportaje de «El Dinamo» es que un par de años antes, Viviana Arana Araya contrató a un profesional para inventariar las bodegas del SLEP Atacama y elaborar una herramienta de gestión del stock.
El trabajo lo realizó Julio Cortés Donaire, contratado y supervisado por la funcionaria de la Unidad de Compras, Roxana Iriarte Gallardo.
Por dos meses de trabajo, en donde Julio Cortés Donaire recibió una renta bruta de $4,3 millones de pesos.
La auditoría detectó que Iriarte y Cortés vivían juntos al momento de ejecutar el contrato. Los registros de transparencia activa muestran además que Iriarte había ascendido cinco grados sin concurso en menos de dos años, mejorando sustancialmente su remuneración.
Irregularidad en auditoría
Uno de los hallazgos más significativos de la auditoría fue que la casi totalidad de los procesos de licitación quedaron desiertos.
Entre septiembre de 2024 y julio de 2025, se realizaron compras por $1.594 millones de pesos; a un solo proveedor acaparó más del 54% de esos recursos: Global Pro S.A., misma empresa dueña de la limusina.
A su vez, la auditoría detectó $643 millones de pesos en pagos a proveedores sin ningún acto administrativo como respaldo.
Sumarios
Según lo expuesto por Mihovilovic, cuando llegó a hacerse cargo del SLEP Atacama, había unos 130 sumarios atrasados. Además, se sumaban algunas investigaciones del periodo 2020-2022 que seguían abiertas.
En donde se logró dar término a más de 50 de estos procesos administrativos. Sin embargo, además, se hizo necesario comenzar 60 sumarios más que involucraron a dirigentes, profesores y asistentes de educación.
Global Pro S.A.
El caso más complejo fue el de Mauricio Canales Guerrero, profesional de la Dirección de Administración y Finanzas, cuya función era supervisar los contratos de transporte escolar de Global Pro S.A.
Esta empresa fue creada un año después y desde entonces se ha adjudicado la mayor parte de las licitaciones de transporte del servicio, por un monto cercano a los $3 mil millones de pesos anuales.
El hallazgo que desencadenó el sumario fue porque Global Pro S.A. factorizó una factura de $60 millones de pesos, lo que obligó al SLEP Atacama a pagarla. Pero ese mismo documento ya había sido cancelado previamente.
El doble pago expuso una anomalía más profunda: pagos por servicios prestados aparecían disgregados en múltiples documentos tributarios.
Mientras la factura original que cubría la totalidad del servicio también habría sido cobrada y pagada.
Ante esto, Mihovilovic instruyó un sumario contra Mauricio Canales Guerrero y solicitó además una auditoría histórica de todos los servicios de transporte pagados por el SLEP Atacama.
A su vez, Mihovilovic destacó en el citado medio el «nerviosismo» que habría en varios funcionarios, como Mauricio Canales Guerrero, el presidente del gremio José Núñez y otros dirigentes.
Ante las anomalías, Mihovilovic reforzó la Unidad de Compras con dos abogados adicionales para acelerar los procesos disciplinarios.
A su vez, Mauricio Canales Guerrero fue notificado del inicio de un sumario en su contra y pidió diez días para apelar.
Intervencionismo de Daniella Cicardini
De acuerdo a lo relatado en el citado medio, en noviembre de 2025, Viviana Arana y Roxana Iriarte fueron informadas de que sus contratos no serían renovados a partir del 31 de diciembre, como consecuencia directa de las responsabilidades detectadas en la auditoría.
A lo cual, el presidente del gremio, José Núñez, acudió personalmente a la oficina de Mihovilovic para interceder por Iriarte, afirmando que: «Entiendo que Viviana es la jefa y la hiciste responsable. Pero a Roxana, ¿podrías dejarla, y quedamos bien?”.
Ante la situación, Mihovilovic se mostró inflexible: las conclusiones de la auditoría eran categóricas y no había margen para retroceder.
Esta situación generó la sorpresiva intervención de la senadora electa Daniella Cicardini (PS). La cual presentó una denuncia de carácter anónimo ante la Comisión del Trabajo y Seguridad Social del Senado, cuestionando la auditoría y defendiendo a las funcionarias Arana e Iriarte.
Cicardini argumentó que «Viviana Arana y Roxana Iriarte tenían altas calificaciones y que todo se basaba en un supuesto sumario del que nadie conoce, nadie sabe qué contiene y nadie tampoco entiende qué fue lo que concluyó”.
La fiesta y la maquinaria del PS
Fue el viernes 9 de enero cuando el SLEP Atacama celebraba su quinto aniversario con una fiesta que tuvo alfombra roja, alcohol y hasta una limusina Hummer.
De acuerdo al citado medio, el financiamiento del aniversario fue con recursos externos, como aportes de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CAPUAL.
Además, la reunión de Mihovilovic con la representante de la empresa en el Casino Luckia de Copiapó para cerrar los detalles. Pero junto a ella apareció un hombre que se presentó como Edwards Sierra Veragua, de Global Pro S.A., el cual afirmó que “He hecho varios eventos en el Luckia y puedo abaratar costos”.
A lo cual y debido a presiones internas, Mihovilovic accedió a que Edward participara del evento.
Respecto a la barra abierta, esta era para quienes deseaban comprar su propio trago, con recursos propios. Esto se suma a que la limusina Hummer no estaba en el programa. Afirmando que «la misma productora decidió instalarla en la entrada para publicitar su empresa”.
Lo sospechoso es que al día siguiente una asesora del diputado Juan Santana (PS), Anyelina Torres Espinoza (también PS), presidenta de la Federación Regional de Asistentes de la Educación del SLEP Atacama, activó la maquinaria política en contra del director subrogante, por medio de un grupo de WhatsApp.
Los registros del grupo muestran que Torres reenviaba mensajes a la senadora electa Daniella Cicardini –quien calificaba la situación de “impresentable” y anunciaba que llamaría a su abogada– y del ministro de Educación Nicolás Cataldo (PC), que respondió: “Gracias por el aviso, compañera. Estamos tomando medidas”. También apareció un mensaje del diputado socialista Juan Santana: “Te llamo en un ratito”.
Situación que generó cuestionamiento y posterior renuncia voluntaria del director ejecutivo suplente del SLEP Atacama.
Lo contradictorio es que, tras las denuncias y sumarios presentados por Mihovilovic Pérez, Roxana Iriarte fue reintegrada y hoy trabaja en el Departamento de Administración y Finanzas. Y Mauricio Canales permanece en su puesto.
La investigación iniciada por el Ministerio Público permanece bajo reserva y, aunque la PDI allanó el domicilio y las oficinas de Edwards Sierra, dueño de Global Pro S.A., la causa no ha sido judicializada y no hay plazos definidos por el tribunal.