La maratónica sesión de la Comisión de Hacienda que se extendió hasta las 5 de la madrugada dejó varias bajas para el proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el ministro Jorge Quiroz. En medio de decenas de votaciones, algunas de las disposiciones que habían generado mayor controversia terminaron siendo rechazadas, dejando fuera cambios en propiedad intelectual, capacitación laboral y normas de probidad, entre otros puntos.
Tal como informó BioBioChile, durante la discusión en particular se cayeron artículos vinculados a minería de datos, la franquicia tributaria Sence y modificaciones a la Ley de Propiedad Intelectual, mientras otros contenidos fueron retirados o reformulados por el propio Ejecutivo.
De esta forma, las iniciativas rechazadas correspondían a materias que introducían modificaciones relevantes en áreas tan distintas como inteligencia artificial, empleo y contrataciones públicas.
Inteligencia artificial y propiedad intelectual
Uno de los debates más sensibles estuvo en el artículo 8, relacionado con inteligencia artificial y derechos de autor.
La propuesta buscaba incorporar a la Ley de Propiedad Intelectual una excepción que permitiera reproducir y utilizar obras protegidas sin autorización ni remuneración para fines de extracción y análisis masivo de datos de lenguaje, imágenes o sonidos.
El punto ya había generado cuestionamientos, por lo que el Gobierno realizó gestiones de último minuto para intentar asegurar apoyos. Sin embargo, la norma terminó siendo rechazada y quedó fuera del proyecto.
La discusión había despertado críticas por parte de quienes advertían eventuales efectos sobre la protección de obras y contenidos utilizados para entrenar modelos de inteligencia artificial.
Cambios al Sence y contratación pública también quedaron fuera
Otro de los artículos rechazados fue el 26, que proponía eliminar el núcleo normativo de la franquicia tributaria Sence. Actualmente, este mecanismo permite a las empresas descontar del impuesto de primera categoría hasta el 1% de su planilla de remuneraciones por gastos asociados a capacitación.
Junto con ello, tampoco prosperó el artículo 27, que buscaba eliminar la posibilidad de financiar procesos de certificación de competencias laborales mediante ese mismo beneficio tributario.
En paralelo, también quedó fuera el artículo 4 sobre compras públicas, que pretendía actualizar normas de probidad y transparencia para contratos de obra pública y concesiones. Entre otras medidas, planteaba restricciones para contratar familiares de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas en ese tipo de procesos.
A estas normas se sumó el artículo 23 sobre intercambio de información tributaria, aunque en este caso el rechazo ocurrió a petición del propio Ejecutivo, cuyo contenido terminó incorporándose en otras disposiciones del proyecto.
De esta manera, la discusión dejó fuera algunas de las iniciativas que habían concentrado mayores cuestionamientos durante la tramitación y que buscaban introducir cambios en ámbitos regulatorios, tributarios y laborales dentro de la reforma impulsada por Hacienda.