SLEP Atacama despliega proceso masivo de evaluaciones médicas PIE que beneficia a más de 4.500 estudiantes

En el marco del proceso de postulación al PIE 2026, el SLEP Atacama se encuentra desarrollando un amplio despliegue de valoraciones médicas, instancia fundamental para garantizar el acceso a apoyos especializados para estudiantes con necesidades educativas especiales.

Este proceso considera la atención de estudiantes pertenecientes a 45 establecimientos educacionales con PIE y 3 escuelas de educación especial, alcanzando a más de 4.500 niñas, niños y adolescentes. Esta cifra representa una cobertura significativa dentro de una matrícula que supera los 28.000 estudiantes del territorio, evidenciando el alcance y la relevancia del programa.

Trabajo interdisciplinario

Las evaluaciones son realizadas por profesionales de la salud, tales como pediatras, neurólogos y psiquiatras, quienes determinan las necesidades educativas especiales de carácter transitorio o permanente, en concordancia con el Decreto 170.

El PIE permite financiar equipos interdisciplinarios que apoyan directamente los procesos educativos, integrando a docentes diferenciales, psicólogos/as, fonoaudiólogos/as y terapeutas ocupacionales, quienes trabajan de manera articulada con los equipos pedagógicos para adaptar estrategias de enseñanza y promover la participación activa de todos y todas las estudiantes. De esta manera, el programa contribuye a garantizar trayectorias educativas oportunas, evitando rezagos en los aprendizajes, y continuas, favoreciendo la permanencia de las y los estudiantes en el sistema educativo.

Escuelas y educación especial

En las escuelas de educación especial, este trabajo se profundiza a través de planes educativos individualizados, enfocados en el desarrollo de la autonomía, así como de habilidades comunicativas y socioemocionales, promoviendo trayectorias educativas pertinentes y una inclusión efectiva en la sociedad.

Al respecto, la Directora Ejecutiva Suplente del SLEP Atacama, Elisa Araya Cortez, destacó que este proceso no solo responde a una exigencia administrativa, sino que constituye una herramienta clave para avanzar hacia una educación pública más inclusiva, equitativa y centrada en las necesidades de todas y todos los estudiantes.