El diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) discrepó con el informe preliminar de la Secretaría General de la Cámara de Diputadas y Diputados que recibió este martes, y en el que se señala como admisible la tramitación con rango de ley la propuesta para una invariabilidad tributaria por 25 años. El legislador insistió en que lo que corresponde es un acuerdo transversal y lo más amplio posible en una reforma constitucional, de lo contrario cualquier ley simple podría modificarlo. Por este motivo, reafirmó que buscará dialogar con el Ejecutivo, aunque igualmente confirmó que se encuentra estudiando recurrir al Tribunal Constitucional (TC).
Tras analizar el informe de admisibilidad legislativa, Mulet explicó que buscó un pronunciamiento respecto a una posible inconstitucionalidad, cuestión sobre la que el secretario general señaló que el proyecto “es admisible” en su tramitación como ley.
“Tengo mucho respeto por el secretario de la Cámara, pero esto es un informe preliminar. La facultad de fondo no está resuelta aquí. Es el TC, si es que se recurre, el que debe determinar la razón de fondo”, señaló el parlamentario.
En ese sentido, explicó que “para este proyecto que pretende el Gobierno lo que hay que buscar es un acuerdo lo más amplio posible, que genere estabilidad. Para eso se requiere una votación que no sea de mínimo, sino que mucho más contundente, y creo que asegura de mejor manera para lo que busca el Gobierno –en el aspecto de la invariabilidad tributaria– que tenga rango constitucional. Eso ayuda al proyecto y sus objetivos”.
En detalle, además manifestó que “discrepo del informe que señala como uno de los fundamentos, y el principal que se da, que es el Decreto de Ley 600 del Estatuto de la Inversión Extranjera en Chile que se hizo en dictadura, dice que de orden legal, pero ese decreto –a mi juicio y de las personas que me asesoran– es de orden constitucional, que la Junta Militar usó las facultades constituyentes para su aprobación. Y más allá de eso, tiene otros defectos que –a mi juicio– son graves. No podemos hipotecar el futuro del país por 25 años. Hasta el propio Consejo Fiscal Autónomo señala que hay algunas observaciones en el fondo respecto del lapso por el que se pretende extender la invariabilidad tributaria. Establece casi un régimen general para cualquier tipo de actividad”.
“Recuerdo que el Decreto de Ley 600 se hizo en dictadura, dos o tres años después que Chile nacionalizó el cobre y cuando nadie invertía en el país y menos en minería. Se hizo solo para este sector porque se había nacionalizado y ¿quién iba a invertir más en una dictadura? Entonces se hace y se busca un mecanismo realmente excepcional para grandes proyectos mineros. Este proyecto es mucho más general y creo que corresponde al rango constitucional porque ese es lo que está en el origen de este tipo de contratos”, agregó.
Mulet también señaló que no comparte otros aspectos del informe, y por lo mismo afirmó que “creo que está la posibilidad de recurrir al TC” Es algo que tengo que estudiar, falta la tramitación del proyecto, está recién partiendo. Lo vamos a estudiar. Pero creo que lo importante es que haya estabilidad y que el acuerdo sea lo más amplio posible. El ministro de Hacienda y el Gobierno deben ceder y buscar un entendimiento con sectores más amplios que sólo los partidos de derecha y, en este caso, el PDG. Además, creo que eso es lo que buscan los inversionistas”.
“Eso no pueden ser 25 años y una ley simple, debe ser una reforma constitucional. No deben ser 25 años, pero a lo mejor 15. 12 o 10, algo más razonable. Y no cualquier tipo de actividad económica y proyecto, porque establece proyectos desde US$50 millones para arriba. El DL 600 establecía esa cantidad en el año 1974, o sea estamos hablando de US$500 millones o más en dinero actual. Entonces creo que hay que buscar ese entendimiento en esta materia”, sostuvo.
Por último, se le consultó respecto a posibles acciones, como la señalada de poder recurrir al TC para exigir que se trámite con rango constitucional o mantenerse en línea con lo planteado por la Cámara.
Sobre esto, el regionalista respondió que “el documento que informa el secretario es preliminar, no es la ley, es una opinión preliminar. En el fondo puede perfectamente pronunciarse el TC, y lo estoy estudiando, pero creo que hay plazo para seguir dialogando con el Ejecutivo. He dicho que soy partidario de una oposición constructiva, creo que hay que conversar y no necesariamente recurrir al TC, salvo que se cierren en todos los aspectos”.
De igual forma, indicó que “en el fondo de la propuesta del Gobierno lo que busca es estabilidad. Y así, incluso con este informe, da para que esta invariabilidad se pueda derogar a través de otra ley y le da derecho al inversionista a recurrir contra el Estado por los contratos ley”.
“Si tiene sólo rango legal cualquier Gobierno podría hacer eso en el futuro y generar un cuadro de inestabilidad con un acto administrativo o con otra ley. Eso no le conviene a nadie. Si tiene rango constitucional, le da más estabilidad porque ahí el acto administrativo o una ley simple no puede violar una reforma constitucional. Entonces, de todas formas es mejor para los objetivos un rango constitucional para una norma de esta naturaleza”, finalizó.