La seguridad se ha instalado como una de las principales deudas del gobierno de José Antonio Kast, en contraste con una agenda económica que sigue concentrando la atención pública.
A un mes de la Cuenta Pública, la gestión de la ministra Trinidad Steinert enfrenta críticas por la falta de medidas concretas que presentar ante el Congreso.
El episodio más reciente que tensiona su gestión es la revelación de un vínculo societario vigente con su exesposo, el abogado Rodrigo Irrazabal, quien defendió a un imputado por narcotráfico.
En entrevista con La Tercera, Steinert realizó un mea culpa, reconociendo errores en la comunicación de las acciones impulsadas por su cartera. Un cuestionamiento que también ha sido planteado por el exministro Luis Cordero.
Pese a las críticas, la secretaria de Estado aseguró que existe una estrategia en marcha y pidió tiempo para que esta pueda mostrar resultados.
Hasta ahora, el ministerio ha ingresado tres proyectos al Congreso: dos vinculados a la violencia en establecimientos educacionales y uno orientado a modificar el Código Procesal Penal.
Desde la oposición, parlamentarios solicitaron una sesión especial para que la ministra exponga su plan frente al crimen organizado. El diputado Jaime Araya llamó a una mayor transparencia, mientras que el republicano Agustín Romero sostuvo que esperan avances concretos en el corto plazo.
En las próximas semanas, el Ejecutivo buscaría acelerar su agenda en seguridad, con medidas enfocadas en el sistema penitenciario, el endurecimiento de sanciones y nuevos incentivos para las policías.