Desde el Congreso analizan eventuales responsabilidades políticas en materias fiscales y habitacionales, en medio de informes y cuestionamientos a la gestión anterior.
A menos de un mes de que expire el plazo constitucional para exigir responsabilidades políticas a exautoridades, sectores del oficialismo evalúan presentar acusaciones constitucionales contra los exministros Nicolás Grau y Carlos Montes.
La eventual ofensiva se da en un contexto de críticas a la gestión anterior, particularmente en materia fiscal y en la ejecución de políticas habitacionales.
Cuestionamientos a la gestión fiscal
El jefe de bancada del Partido Republicano de Chile, Benjamín Moreno, señaló que se encuentran evaluando una serie de antecedentes relacionados con la gestión de Grau, apuntando a posibles irregularidades.
Según indicó, existiría un patrón de decisiones que podría dar cuenta de eventuales responsabilidades políticas, lo que está siendo analizado por el comité.
Informe de Contraloría complica a Montes
En el caso de Carlos Montes, el escenario se complejiza tras un informe de la Contraloría General de la República de Chile que cuestiona el Plan de Emergencia Habitacional, particularmente en la compra de terrenos.
El actual ministro de Vivienda, Iván Poduje, sostuvo que existen antecedentes relevantes que deberán ser evaluados por el Congreso, en un contexto marcado por el déficit habitacional que afecta a cientos de miles de familias.
Plazo clave en el Congreso
De acuerdo con la normativa vigente, las acusaciones constitucionales contra exministros deben presentarse dentro de los tres meses posteriores al término de sus funciones, lo que otorga un margen acotado para que el Congreso adopte definiciones.
Cabe recordar que, durante la discusión presupuestaria, ya se habían levantado advertencias respecto a posibles acciones contra Grau, lo que hoy toma mayor fuerza.