La ausencia de la comuna de Vallenar en el informe de la Contraloría General de la República de Chile sobre municipios que priorizaron eventos por sobre ayuda social generó reacciones luego de las declaraciones del alcalde Víctor Isla Lutz, quien destacó que la comuna no fue incluida en dicho documento.
La autoridad comunal señaló que la municipalidad presenta altos niveles de transparencia, aumento en la inversión proveniente del royalty y un crecimiento cercano al 200% en recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, asegurando que la comuna registra indicadores que no se habían alcanzado anteriormente.
Sin embargo, la ausencia en el informe también abre un debate respecto a cómo se interpretan estos resultados. Especialistas señalan que los fondos Royalty y SUBDERE corresponden a recursos destinados principalmente a inversión en infraestructura y proyectos, lo que no necesariamente refleja la distribución del gasto corriente municipal, donde se financian actividades y eventos.
Asimismo, se plantea que municipios con presupuestos más altos, como Vallenar, pueden destinar montos importantes a celebraciones sin que estos representen un desequilibrio proporcional significativo dentro de su presupuesto total, lo que podría explicar por qué no aparecen en informes que buscan identificar situaciones críticas.
Otro punto que genera discusión es el concepto de transparencia. Si bien la transparencia activa implica publicar información y cumplir con los estándares administrativos, esto no necesariamente se traduce en una evaluación sobre la eficiencia del gasto o la priorización de necesidades sociales.
Además, se debe considerar que el informe de la Contraloría incluye antecedentes del año 2024, periodo en que la administración municipal también estuvo encabezada por Armando Flores Jiménez, por lo que los resultados corresponden a una realidad que involucra a más de una gestión.
En este contexto, la discusión no se centra únicamente en la ausencia de una comuna en el informe, sino también en cómo los datos pueden ser utilizados para respaldar distintos relatos, mientras la ciudadanía demanda mayor claridad sobre la priorización del gasto público y el impacto real en las necesidades sociales.