La Contraloría General de la República, a través de un proceso de auditoría, detectó irregularidades en la compra de terrenos del Minvu Atacama, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional (PEH).
Esto bajo el gobierno del expresidente Gabriel Boric y la gestión de la ex SEREMI y actual administradora del Gobierno Regional Atacama, Rocío Díaz Gómez (ambos del Frente Amplio).
Según el Informe Final n.º 421 de 2025, publicado en abril de 2026, el organismo fiscalizador analizó operaciones realizadas bajo la gestión de la SEREMI entre los años 2022 y 2024.
El cual detectó una serie de irregularidades en torno a la compra de terrenos sin la existencia de requerimientos de adquisición según la planificación oficial.
En donde Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Los Lagos, Aysén, Magallanes y Arica y Parinacota— se compraron 252,49 hectáreas, reflejando el 41,85% del total adquirido en el país durante estos años.
Pero, de acuerdo factchecking_atacama, el PEH establecía que en Atacama no era necesario adquirir suelo, ya que existía disponibilidad suficiente mediante terrenos públicos o gestionados.
Pese a ello, el MINVU Atacama, igualmente durante la administración de la ex SEREMI Rocío Díaz, avanzó en compras de terrenos, alcanzando en total 67,77 hectáreas en la región.
En donde se identifican 11 terrenos comprados, de los cuales 9 eran de la comuna de Copiapó, 1 en Tierra Amarilla y 1 en Chañaral. Lo contradictorio es que parte de esos predios figuran en registros oficiales aún en etapa de «estudio».
A su vez, la Contraloría afirma que la mayoría de los predios adquiridos no cuentan con proyectos habitacionales asociados.
Además, destaca la ausencia de reglas claras para la compra de terrenos. En donde la adquisición de estos fue ejecutada sin un marco normativo completo.
Lo cual habría generado un riesgo financiero para el MINVU Atacama. Según el informe, advierte que varios predios fueron pagados con valores por metro cuadrado que duplican el precio referencial considerado en el propio Plan de Emergencia Habitacional (PEH).
Frente a los hallazgos, la Contraloría instruyó a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo a adoptar medidas correctivas, mejorar sus mecanismos de planificación y control.
Como también, de abrir procedimientos disciplinarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas.