Ley de desalinización abre nuevo ciclo para Atacama: menos presión sobre acuíferos y más inversión

La aprobación en el Senado del proyecto de ley que regula el uso de agua de mar para desalinización no fue recibida como una noticia más en la Región de Atacama. En una zona donde el agua ha sido por décadas el factor que define el ritmo del crecimiento, la viabilidad de las inversiones y la convivencia entre industria y comunidades, el avance legislativo se leyó como una señal concreta de cambio.

Tras ocho años de tramitación, la iniciativa no solo establece una Estrategia Nacional de Desalinización y reglas más claras para el desarrollo de esta industria. También abre la posibilidad de un nuevo ciclo productivo en el norte de Chile, donde el agua deja de ser una barrera estructural y comienza a perfilarse como un eje de reconversión, sostenibilidad y competitividad.

Chile enfrenta una escasez hídrica persistente, y la minería, sector estratégico para la economía nacional, ya venía avanzando hacia el uso de agua de mar como una solución estructural. Actualmente, cerca del 80% de la capacidad de desalación instalada en el país está vinculada a la actividad minera.

La abogada Priscila Castro, del estudio Claussen y Velasco, planteó que “avanzar hacia un marco legal claro, integral y con una estrategia nacional definida permite a los titulares mineros proyectar inversiones con mayor certeza”, sostuvo.

 

Una región que avanza

 

Para Rafael Palacios, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (ACADES), Atacama ya muestra señales claras de este cambio de paradigma. “La aprobación de esta ley tiene un impacto especialmente relevante para Atacama, porque entrega certeza jurídica y un marco claro para impulsar inversiones en desalación, una fuente hídrica confiable e independiente de las lluvias”, afirmó.

Incluso aclara que la región no parte desde cero. Actualmente es la segunda del país con mayor número de plantas desaladoras en operación: cuenta con seis instalaciones, solo por detrás de Antofagasta. Además, ciudades como Caldera y Chañaral se abastecen completamente con agua desalada. Según datos de Acades, en Copiapó y Tierra Amarilla, esta fuente ya representa cerca del 15% del suministro urbano, reflejando una incorporación progresiva de esta tecnología al consumo humano.

Ese dato es clave: la desalación ya no está asociada únicamente a la minería. En Atacama, comienza a instalarse como parte de una nueva infraestructura regional para enfrentar la crisis hídrica.

El mayor impacto de la nueva normativa, sin embargo, está en lo que viene. Atacama cuenta hoy con una cartera de nueve proyectos en desarrollo que podrían más que duplicar la capacidad instalada actual. Entre ellos destacan iniciativas de gran escala como Santo Domingo, Minera Candelaria y Huasco Water, además de proyectos con proyección de integración minera binacional con Argentina.

Para Palacios, la ley funciona como un habilitante directo para acelerar estas inversiones. “A nivel país, se estima que esta normativa podría acelerar inversiones por cerca de 20 mil millones de dólares en infraestructura hídrica (en Chile). Una parte muy importante de ese flujo se proyecta hacia el norte, donde la desalación es una pieza clave para sostener el crecimiento”, explicó.

 

Menos presión sobre acuíferos

 

Uno de los aspectos más valorados por expertos y actores del sector es que la ley legitima la desalinización como una política pública de interés nacional. Para Priscila Castro, este reconocimiento puede ser especialmente relevante en los procesos de evaluación ambiental y en la relación con las comunidades. “Su reconocimiento es particularmente importante en regiones como Atacama, donde el agua ha sido históricamente un foco de conflicto”, señaló.

La posibilidad de reemplazar o reducir de manera significativa la extracción de aguas continentales podría aliviar tensiones persistentes entre operaciones mineras, agricultura local y abastecimiento humano.

Hasta ahora, la tramitación de permisos estaba marcada por plazos extensos, discrecionalidad administrativa y una alta incertidumbre para los inversionistas. La ley establecería reglas más claras sobre otorgamiento, vigencia y caducidad de concesiones.

“Esto puede facilitar significativamente la inversión y la tramitación de proyectos”, dijo Castro.

 

El desafío del modelo multipropósito

 

Uno de los elementos con mayor potencial transformador para Atacama es el desarrollo de infraestructura multipropósito. Para ACADES, varios de los proyectos en carpeta en Atacama apuntan precisamente en esa dirección.

Entre ellos destaca el megaproyecto ENAPAC, con una capacidad de 2.630 litros por segundo, junto a sus redes de distribución Este y Norte, que sumarían 3.100 litros por segundo adicionales. A esto se agregan iniciativas como la Planta Desaladora Cerro Blanco, el Acueducto Tierra Amarilla Sur y el Proyecto Copiaport-E.

Palacios subraya que este modelo puede marcar una diferencia profunda en la calidad de vida regional. “Al consolidar el agua de mar como una fuente casi inagotable mediante infraestructura compartida, es posible abastecer a las personas y a las actividades productivas al mismo tiempo, liberando presión sobre los recursos continentales”, puntualizó.

La ley, además, permite que la Dirección General de Aguas establezca en proyectos de uso exclusivamente industrial, una reserva de hasta un 5% de capacidad para consumo humano. Esa disposición podría ser clave para fortalecer los Sistemas Sanitarios Rurales y mejorar el acceso al agua en localidades vulnerables.

Palacios explica que Chile tiene ventajas técnicas, capital humano y experiencia suficiente para liderar esta industria. Sin embargo, insiste en que la competitividad dependerá de mejorar el entorno habilitante.

Entre los pendientes, menciona la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, la elaboración de los reglamentos de la nueva ley de desalación, reformas al sistema de evaluación ambiental y mejoras al sistema eléctrico.

Esto último no es menor: producir y transportar agua desalada requiere altos niveles de energía, por lo que contar con transmisión suficiente y precios competitivos será clave para que los proyectos sean sostenibles.