El proyecto de Ley Miscelánea, impulsado por el Gobierno, generó debate por la amplitud de medidas que contempla. En ese contexto, el diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, cuestionó su diseño y advirtió que podría tratarse de una «reforma tributaria encubierta».
El parlamentario criticó que la iniciativa agrupe más de 40 medidas de distinta naturaleza -como reconstrucción, seguridad, permisología y tributación-, lo que a su juicio dificulta una discusión legislativa adecuada. «Tratar de pasar todo en un mismo paquete (…) tiene algo de estrategia tramposa», afirmó, insistiendo en que los temas deben analizarse por separado.
El punto más crítico, según Soto, está en el componente tributario del proyecto. Aseguró que incluir medidas como la rebaja del impuesto corporativo dentro de una ley de reconstrucción impide un debate transparente y de fondo. «Debe separarse, postergarse y ser discutido en profundidad», sostuvo.
Advirtió que «tú no puedes, bajo un escenario de estrechez fiscal, estar disminuyendo 2.800 millones de dólares que van a ir al bolsillo de los más ricos» y cuestionó la coherencia de avanzar en beneficios tributarios a grandes empresas en ese contexto.
Asimismo, vinculó este debate con decisiones recientes del Ejecutivo, como el alza de los combustibles, cuyo costo fue traspasado a los consumidores. A su juicio, «a este gobierno le ha faltado este primer mes empatía. Y entender que el rol del Estado es también ayudar en los momentos difíciles, y no solamente traspasar costos».
Soto también planteó que existen otras herramientas para enfrentar el escenario económico, como el endeudamiento en contextos de crisis, destacando que el país mantiene niveles de deuda por debajo del promedio de la OCDE.
Seguridad en educación: «La señal debe ser muy fuerte»
En medio de una seguidilla de hechos de violencia en establecimientos educacionales, sumada la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, durante una actividad en la Universidad Austral, el foco se ha puesto en las medidas de seguridad en recintos educativos y en las sanciones frente a este tipo de episodios, en el marco del plan de «Escuelas protegidas».
En ese contexto, el diputado Soto calificó como «inaceptable» este tipo de situaciones y respaldó la necesidad de respuestas más firmes. «Yo espero que eso termine, primero, con sanciones penales; segundo, con sanciones también en materia educacional, ojalá expulsiones. La señal debe ser muy fuerte para inhibir que este tipo de situaciones sigan ocurriendo», afirmó.
El parlamentario se refirió a eventuales sanciones en el acceso a beneficios estatales, como la gratuidad, para alumnos que se vean involucrados en este tipo de hechos. «Yo personalmente no estaría porque se le entregue ese beneficio, al menos mientras no existan garantías de reinserción y respeto a las normas», sostuvo.
Con todo, Soto advirtió que la discusión debe ir más allá de la contingencia y no limitarse a casos específicos, apuntando a una mirada estructural que permita resguardar el derecho a la educación en espacios seguros.