Parlamentarios del Partido Socialista anunciaron este lunes que solicitaron a la Contraloría General de la República una revisión del cumplimiento de los test de drogas en autoridades del Ejecutivo.
La acción fue impulsada por la senadora Daniella Cicardini y los diputados Daniel Manouchehri y Juan Santana, quienes pidieron al órgano contralor fiscalizar si ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis y jefes de servicio cumplieron con la obligación legal de realizarse un examen de drogas al asumir sus funciones.
La exigencia está contemplada en el artículo 110 de la Ley N°21.806 -originada en una indicación presentada por los propios legisladores durante la tramitación del reajuste del sector público-, que establece que dichas pruebas deben efectuarse mediante muestra de pelo y con resultados públicos.
Según explicaron, el requerimiento busca despejar si la normativa fue aplicada en tiempo y forma, además de determinar posibles incumplimientos y conocer detalles sobre la realización de los exámenes.
«Nosotros presentamos la indicación que establece que ministros, subsecretarios y autoridades regionales deben hacerse el examen de drogas al asumir, con resultado público. Ha pasado un mes y hasta ahora no existe ninguna información oficial que permita acreditar su cumplimiento. Si los exámenes se hicieron, el gobierno debe informar sus resultados. Y si no se hicieron, debe explicar por qué no cumplió una obligación legal. Por eso recurrimos a Contraloría, porque aquí la transparencia no es opcional», señaló el diputado Daniel Manouchehri.
En la misma línea, la senadora Daniella Cicardini emplazó directamente al Ejecutivo a transparentar el estado de la medida, subrayando que fue diseñada precisamente para elevar los estándares en la función pública.
«Si el gobierno ha señalado que su prioridad es la seguridad, entonces tiene que actuar con coherencia. La ley establece que, al momento de asumir, todas las autoridades deben realizarse el test de drogas y que sus resultados deben ser públicos. Por eso, sería bueno saber: ¿se lo hicieron o no? Si se lo hicieron, ¿por qué aún nadie conoce esos resultados? Y si no, ¿qué están esperando? La Contraloría tendrá que pronunciarse sobre un eventual incumplimiento de la ley», apuntó.
Por su parte, el diputado Juan Santana enfatizó que la presentación apunta a despejar cualquier duda respecto del cumplimiento de una obligación explícita.
«Aquí no hay espacio para interpretaciones cómodas ni para silencios administrativos. La ley es clara, establece una obligación al asumir y además exige publicidad de los resultados. Lo mínimo que corresponde es que el gobierno acredite si cumplió o no cumplió, y si no lo hizo, explique por qué», afirmó.
Exigencia legal y aplicación en el Gobierno
El cuestionamiento surge en medio de la implementación de esta política por parte del Ejecutivo. Durante la conformación del gabinete, ya como Presidente electo, José Antonio Kast estableció como requisito que quienes aspiraran a cargos ministeriales se sometieran a test de drogas, específicamente mediante análisis de pelo, con el objetivo de detectar consumo en un periodo más amplio.
Ese proceso formó parte de una serie de filtros aplicados antes de la designación de autoridades, donde además se revisaron antecedentes como conflictos de interés, historial judicial y otras variables vinculadas a la idoneidad para el cargo.
Sin embargo, la medida no se limitaría a esa etapa inicial. Desde el Ejecutivo han anticipado que en las próximas semanas los exámenes volverán a aplicarse, esta vez extendiéndose también a subsecretarios y asesores, como parte de un refuerzo de los estándares de probidad interna.
Incluso, se ha advertido que quienes se nieguen a realizar el test podrían ser «cordialmente invitados» a dejar sus funciones, en una señal de la relevancia que el Gobierno atribuye a esta política.
Marco normativo y rol de Contraloría
El debate también se enmarca en los lineamientos fijados por la Contraloría General de la República, que recientemente recordó a las autoridades la obligación de cumplir con normas de probidad y transparencia en el ejercicio de la función pública.
En un instructivo enviado a los ministros, el organismo enfatizó que quienes ejerzan cargos públicos deben someterse a exámenes de consumo de drogas al asumir y repetirlos periódicamente durante su gestión, estableciendo además que sus resultados deben ser públicos.
En ese contexto, ahora será la propia Contraloría la encargada de determinar si dicha exigencia fue efectivamente cumplida por las autoridades del actual Gobierno o si existieron eventuales incumplimientos.