«Todo lo que dije es verídico»: De Grange defiende postura ante discrepancias por Ley Uber

«Todo lo que dije es verídico«, aseguró el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, al abordar este domingo los reparos de su antecesor en la cartera, Juan Carlos Muñoz, respecto a la denominada «Ley Uber» y la estructura interna del ministerio.

En una carta publicada por La Tercera, el otrora secretario de Estado advirtió que De Grange «realizó (en una entrevista anterior) varias afirmaciones que no se ajustan a la realidad«, enfatizando que «más allá de las legítimas diferencias que puedan existir, es crucial informar y discutir con rigor, basado en datos y ciertamente con altura de miras«.

Pese a estos cuestionamientos, el actual ministro se mostró firme en la veracidad de sus declaraciones, asegurando que «todo lo que dije en la entrevista es absolutamente verídico, es verificable«.

Dicho esto, De Grange valoró que el exministro Muñoz coincidiera en la necesidad de introducir mejoras al sistema de transporte, aunque reiteró que el eje central de su gestión se enfoca en la eficiencia del gasto público.

«Yo agradezco que el ministro Muñoz esté de acuerdo con la necesidad de optimizar, de mejorar el sistema sin afectar la calidad del servicio a los usuarios, que ha sido nuestra principal línea argumentativa», señaló el secretario de Estado.

Recalcó, además, que el propósito fundamental de su ministerio es «optimizar los recursos públicos que son financiados por todos los chilenos, sin afectar en lo más mínimo la calidad de servicio«.

El actual titular de Transportes dejó abierta la puerta a futuros debates, indicando que «todas las otras afirmaciones que realicé en la entrevista son absolutamente verificables y cualquier duda en particular lo podemos ver más adelante«.

Oficialismo vuelve a defender los cambios

La diputada Marlene Pérez (ind-UDI) afirmó que «más allá de la polémica, lo claro es que se deben revisar y ajustar los requisitos del decreto, porque no podemos permitir que esto termine reduciendo la oferta de conductores, encareciendo el servicio y aumentando los tiempos de espera».

«Estas aplicaciones hoy son esenciales, especialmente en regiones, donde han mejorado la conectividad«, explicó la integrante de la Comisión de Transportes.

Debido a esto, aseguró que «el reglamento debe ser responsable y realista: resguardar altos estándares de seguridadpero sin imponer exigencias desproporcionadas, como las restricciones de antigüedad o cilindrada para nuevos conductores, que terminan excluyendo a muchos».

Coincidió con Pérez la senadora RN Camila Flores, también integrante de la Comisión de Transportes, quien remarcó que «modificar el reglamento es indispensable, para hacer este mercado competitivo, y para que realmente valga la pena que aquellas personas que se dedican a esto lo sigan haciendo».

«El transmitir facilidades para poder no estar con vehículos de al menos un año de antigüedad, sino que también desde los seis meses; que el precio pueda bajar y en consecuencia, el pasajero tenga más posibilidades de elegir, y que este servicio llegue a todas las comunas de nuestro país, es indispensable», profundizó.

La legisladora insistió en que «como estaba planteándose (por el gobierno anterior), el reglamento no abordaba estas dificultades, y por lo tanto, se traspasaba las mismas al usuario final«.

Diputado PDG pide «no pasar por encima» del Congreso

Mientras que su par Fabián Ossandón (PDG), también integrante de la Comisión de Transportes, dijo que le parece «correcto si las modificaciones buscan corregir aspectos poco realistas del reglamento, como exigencias excesivas de antigüedad o restricciones de operación que terminan afectando la seguridad de usuarios y conductores, especialmente, cuando para muchos esto es su fuente de ingreso».

«Pero también hay que ser claros: una ley que ya fue discutida, aprobada y publicada tiene límites en su reglamentación, y si se intenta cambiar su espíritu por la vía administrativa se abre una discusión compleja desde el punto de vista democrático e institucional, por lo que lo fundamental es que el reglamento no se utilice para pasar por encima de lo que ya fue votado por el Congreso», puntualizó.