En su último trámite legislativo, la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que modifica la normativa que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales (SADP), iniciativa que busca fortalecer la fiscalización, prevenir conflictos de interés y ampliar la participación de los hinchas en la propiedad de los clubes.
En este contexto, el diputado Jaime Mulet (FREVS) destacó el avance de la iniciativa tras una extensa tramitación de casi una década, subrayando especialmente la necesidad de introducir cambios estructurales en la gobernanza del fútbol profesional chileno.
“He escuchado con atención a los colegas (…) y me alegro mucho porque este ha sido un proceso muy largo”, señaló el parlamentario, recordando que el proyecto se originó en 2017, fue aprobado en la Cámara en 2018 y permaneció más de ocho años en el Senado antes de su despacho definitivo.
Mulet enfatizó como uno de los puntos centrales de la reforma la separación entre la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y la Federación de Fútbol de Chile, materia que —según indicó— ha sido planteada “con mucha fuerza durante muchos años”.
A juicio del legislador, este aspecto resulta clave para corregir deficiencias históricas en la institucionalidad del fútbol. “Quiero reiterar la necesidad de la separación de la ANFP respecto a la Federación de Fútbol, que es muy importante”, sostuvo.
En su intervención, el diputado también vinculó la discusión legislativa con episodios pasados que afectaron la credibilidad del fútbol nacional, recordando investigaciones por corrupción que incluso tuvieron repercusiones internacionales. “La gravedad que hay, la opacidad que hay en el fútbol profesional (…) generaron una vergüenza de carácter internacional”, afirmó.
El parlamentario destacó, asimismo, el trabajo de distintos actores que contribuyeron al avance del proyecto, incluyendo exlegisladores y miembros de la Comisión de Deportes, relevando el origen de la iniciativa en una comisión investigadora que él mismo presidió durante el periodo 2016-2022.
La normativa aprobada introduce el concepto de “integridad deportiva” y refuerza las atribuciones de fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Entre otros puntos, establece restricciones a la multipropiedad de clubes, regula la actividad de representantes de jugadores —quienes no podrán participar en la propiedad ni administración de las instituciones— y promueve mecanismos de mayor transparencia.
Además, fija un plazo de 18 meses desde su publicación para que las entidades se adecuen a las nuevas disposiciones legales.
Durante el debate en Sala existió consenso transversal respecto de la necesidad de ordenar la actividad futbolística y reducir espacios de opacidad, aunque algunos parlamentarios manifestaron reparos en torno a la autonomía de las organizaciones deportivas y el alcance de las nuevas instancias regulatorias.