Las principales compañías mineras que operan en Chile, agrupadas en el Consejo Minero, manifestaron su rechazo al proyecto del Gobierno que busca modificar el impuesto al diésel con el objetivo de contener el alza de los combustibles, advirtiendo efectos negativos sobre la competitividad del sector.
A través de una declaración pública titulada “Posición del Consejo Minero frente al proyecto de ley sobre precios de los combustibles”, el gremio liderado por Joaquín Villarino —que reúne a empresas como BHP, Anglo American, Codelco, Glencore y Freeport-McMoRan— señaló que la iniciativa “desvirtúa” el diseño del tributo.
En esa línea, el organismo sostuvo que “no es equitativo alterar un impuesto para gravar selectivamente a sectores estratégicos, afectando su competitividad”. La propuesta del Ejecutivo plantea suspender de manera transitoria el régimen de crédito diferenciado entre empresas transportistas y no transportistas, aplicando a todas el esquema actualmente vigente para el transporte.
Según el gremio, esta modificación implicaría que la mediana y gran minería —principales consumidoras de diésel fuera del rubro transporte— pasen de recuperar el 100% del impuesto específico a solo un 31%. Esto se traduciría, indican, en “un pago del 69% sobre la tasa de UTM 1,5”.
De acuerdo con sus estimaciones, el cambio implicaría que la industria minera aporte cerca de 100 millones de dólares en un periodo de seis meses, lo que representaría el 74% del costo total de la medida.
Por su parte, el informe financiero del proyecto estima una recaudación de $124.463 millones (aproximadamente US$137 millones) durante su vigencia, la que se extendería por medio año o hasta que se normalicen las condiciones del mercado de combustibles.
El Consejo Minero también cuestionó el carácter inesperado de la iniciativa, señalando que esta se suma a medidas anteriores en las que, a su juicio, la industria ha debido asumir costos relevantes sin justificación suficiente.
Si bien valoraron los esfuerzos del Ejecutivo por mitigar el impacto del alza de los combustibles, recalcaron su desacuerdo con que sea la minería la que financie la mayor parte de la iniciativa. “Confiamos en que la búsqueda de recursos públicos adicionales pueda orientarse hacia mecanismos que resguarden las señales económicas necesarias para fomentar la inversión y el crecimiento del país”, concluyeron.