El ministro de Justicia,\u00a0Luis Cordero, asegur\u00f3 este lunes que\u00a0la decisi\u00f3n del Tribunal Constitucional (TC) de admitir los requerimientos presentados por la oposici\u00f3n para impugnar los indultos que el Presidente Gabriel Boric otorg\u00f3 a 12 presos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna\u00a0ampl\u00eda el debate jur\u00eddico a \u00abtodos los indultos que se han otorgado desde la dictaci\u00f3n de la Ley 18.050, es decir, desde 1981 hasta la fecha\u00bb.<\/p>\n
El secretario de Estado coment\u00f3 que \u00abel debate en el TC -y esto es lo relevante- abre una discusi\u00f3n no solo sobre estos indultos. D\u00edas atr\u00e1s, a pocos d\u00edas de haber asumido, advert\u00ed de que la oposici\u00f3n, al plantear una estrategia legal muy agresiva -en rigor, al tratar de ocupar la estrategia legal con fines pol\u00edticos- podr\u00eda generar una discusi\u00f3n que iba m\u00e1s all\u00e1 de estos indultos, porque las impugnaciones ante el TC finalmente impugnan el ejercicio de la potestad de indultos\u00bb.<\/p>\n
\u00abCuando declara admisible la semana pasada estos requerimientos, el TC oficia al Ministerio de Justicia en una medida para mejor resolver y no solo para que acompa\u00f1e los expedientes de estos indultos, sino que\u00a0el TC ha solicitado copias de todos los indultos que se han otorgado desde la dictaci\u00f3n de la Ley 18.050, es decir, desde 1981 hasta la fecha\u00bb, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n
\u00abPara que ustedes se hagan una dimensi\u00f3n -continu\u00f3-: s\u00f3lo los indultos dictados desde el retorno a la democracia son alrededor de 1.600 y el Ministerio se encuentra recopilando tambi\u00e9n los sentidos de 1981 a 1990, que es la totalidad del periodo que ha pedido el TC, lo cual implica que\u00a0ya esta discusi\u00f3n excede el ejercicio de la potestad de indultos de estos decretos impugnados, sino que el TC va a mirar c\u00f3mo se ha ejercido \u00e9sta desde 1981 hasta la fecha\u00bb.<\/p>\n
Consultado sobre las posibles implicancias de la ofensiva\u00a0de la oposici\u00f3n, Cordero se\u00f1al\u00f3 que los indultos otorgados\u00a0\u00abson actos administrativos que se emitieron y produjeron sus efectos, por eso no se pueden revocar. Uno revoca por razones de m\u00e9rito\u00bb.<\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abhay otra cuesti\u00f3n que es relevante y que es conveniente explicar. Lo que se debate en el TC es la constitucionalidad de los decretos dictados, es decir, la conformidad de \u00e9stos con la Constituci\u00f3n, no los problemas de legalidad, y, por lo tanto, aqu\u00ed puede haber esencialmente dos alternativas: la primera es que el TC considere que los decretos son dictados conforme a la Constituci\u00f3n y, en consecuencia, no hay controversia; y lo segundo es que considere que en alguna parte estos (decretos) la infringen.\u00a0El TC en\u00a0el pasado, sin embargo, ha sido especialmente cuidadoso con actos que han producido sus efectos\u00bb.<\/p>\n
\u00abA\u00fan en esa hip\u00f3tesis, son actos que ya han tenido consecuencias, las personas est\u00e1n en libertad, y sometidas adem\u00e1s a la supervisi\u00f3n de la autoridad de Gendarmer\u00eda, por lo tanto,\u00a0la idea de que sean personas que puedan volver a estar en la c\u00e1rcel es una idea, en mi opini\u00f3n, alejada de los efectos jur\u00eddicos que se puedan provocar\u00bb, enfatiz\u00f3 Cordero.<\/p>\n
De cara a\u00a0los 50 a\u00f1os del Golpe de Estado\u00a0que derroc\u00f3 a Salvador Allende, que se conmemorar\u00e1 el pr\u00f3ximo 11 de septiembre, el titular de Justicia dijo estar\u00a0\u00abconvencido\u00bb del\u00a0plan nacional de b\u00fasqueda de personas detenidas desaparecidas que impulsa el Gobierno.<\/p>\n
\u00abComo ha dicho el Presidente, toda la verdad y toda la justicia.\u00a0La pregunta ‘d\u00f3nde est\u00e1n’ sigue siendo una pregunta plenamente vigente.\u00a0Lo que le corresponde al Estado -y ese es el mandato que el Presidente a m\u00ed me ha dado y con el cual, adem\u00e1s, yo estoy convencido- es ayudar a las v\u00edctimas precisamente a lograr justicia y a lograr el paradero de sus familiares\u00bb, manifest\u00f3 el ministro.<\/p>\n
Apunt\u00f3 que \u00abla edad de los familiares ha avanzado y yo creo que en el pasado hemos tomado algunas decisiones probablemente no del todo completas. El plan de b\u00fasqueda -que est\u00e9 en este momento en una etapa de di\u00e1logo- trata de articular una serie de medidas que van desde la recopilaci\u00f3n y sistematizaci\u00f3n de informaci\u00f3n hasta dotar de mecanismos para lograr resultados en las investigaciones\u00bb.<\/p>\n
En esa l\u00ednea, Cordero indic\u00f3 que, si bien \u00abla Corte Suprema y el Poder Judicial han hecho esfuerzos bien significativos\u00bb en materia de DD.HH.,\u00a0\u00ablos datos son bien brutales: tenemos 1.463 investigaciones en primera instancia por graves violaciones a derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990 que se encuentran vigentes y solo\u00a0tenemos halladas 231\u00bb.<\/p>\n
\u00ab\u00bfPor qu\u00e9 tenemos ese n\u00famero tan bajo? Varias razones: disponibilidad de testimonios, falta de recursos para los peritajes, dotar de mayor apoyo a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, robustecer los recursos para el SML\u00bb, plante\u00f3 Cordero.<\/p>\n
\u00abHasta ahora, el Estado de Chile no ha podido recopilar y sistematizar en un solo lugar esa informaci\u00f3n.\u00a0Tenemos muy buenas razones para que, en los 50 a\u00f1os del golpe, el Estado tome una decisi\u00f3n definitiva en la manera de abordar esta informaci\u00f3n y en la manera de avanzar en las investigaciones actualmente penales vigentes\u00bb, concluy\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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