En estudio qued\u00f3 la reclamaci\u00f3n de la Comunidad Ind\u00edgena de Wara en contra del Servicio de Evaluaci\u00f3n Ambiental (SEA) por la aprobaci\u00f3n ambiental de los proyectos fotovoltaicos Diego Almagro Sur 1 y 2 de la empresa Colb\u00fan.<\/p>\n
La determinaci\u00f3n fue tomada por la ministra presidenta Sandra \u00c1lvarez y los ministros Mauricio Oviedo y Carlos Valdovinos, luego de escuchar los alegatos presentados por los abogados de la comunidad, el SEA y la empresa.<\/p>\n
Para Juan Lautaro Lonc\u00f3n, abogado de la comunidad ind\u00edgena, la Resoluci\u00f3n de Calificaci\u00f3n Ambiental (RCA) otorgada por el SEA al proyecto \u201ctrasgrede las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de evaluaci\u00f3n ambiental y los derechos de los pueblos ind\u00edgenas reconocidos y garantizados en el Convenio 169 de la OIT\u201d.<\/p>\n
Lo anterior porque a juicio de Lonc\u00f3n, la comunidad es parte del pueblo Coya y tiene presencia en la zona de influencia del proyecto, lo que no fue reconocido por el SEA. En ese sentido el litigante asegur\u00f3 que \u201ces un error cuando la autoridad administrativa argumenta que cuando una comunidad ind\u00edgena no tiene personalidad jur\u00eddica entonces no existe para la vida del derecho\u201d.<\/p>\n
El abogado tambi\u00e9n, recalc\u00f3 que no debe ser la comunidad quien acredite el dominio de sus territorios ancestrales y asegur\u00f3 que \u201cla resoluci\u00f3n de calificaci\u00f3n ambiental genera una infracci\u00f3n porque la autoridad administrativa estim\u00f3 que al no existir los supuestos del art\u00edculo 11 de la Ley 19.300 se determin\u00f3 que no existe una afectaci\u00f3n de tal magnitud que pudiera generar consulta ind\u00edgena sin advertir que el Convenio 169 es un tratado de derechos humanos cuyo est\u00e1ndar favorece a los pueblos ind\u00edgenas\u201d.<\/p>\n
En sentido contrario, Ra\u00fal Herrera, abogado del SEA, detall\u00f3 aspectos de forma y fondo que dicen relaci\u00f3n por una parte con el plazo para interponer una reclamaci\u00f3n y por otra, el hecho de que el proyecto no genera impactos significativos sobre los sistemas de vida y costumbres de los pueblos ind\u00edgenas por lo que no procede efectuar un proceso de consulta ind\u00edgena.<\/p>\n
Respecto a esto \u00faltimo, el litigante explic\u00f3 que la comunidad Coya m\u00e1s cercana se emplaza a 45 kil\u00f3metros de los proyectos y que solo se verificaron actividades mineras en al \u00e1rea de la planta de Enami en Copiap\u00f3.<\/p>\n
Asimismo, Mat\u00edas Montoya, abogado de la empresa, afirm\u00f3 que hubo una correcta evaluaci\u00f3n ambiental y que no procede la consulta ind\u00edgena ya que no se identificaron impactos ambientales significativos y que la comunidad confunde lo que son los potenciales impactos ambientales y los impactos ambientales no previstos.<\/p>\n
En lo relativo al plazo para interponer las reclamaciones para invalidar los actos administrativos (como el caso de una Resoluci\u00f3n de Calificaci\u00f3n Ambiental) el abogado del SEA argument\u00f3 que lo que procede es el plazo de 30 d\u00edas, que es el que est\u00e1 estipulado para los procesos de participaci\u00f3n ciudadana. Este tema ha sido ampliamente discutido en la jurisprudencia, al existir dos interpretaciones respecto a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 17 n\u00famero 8 de la Ley 20.600. Por un lado, la que establece un plazo de 30 d\u00edas para interponer los recursos de reclamaci\u00f3n y por otro, la que se indica que se trata de dos a\u00f1os, tomando en cuenta las reglas generales de la invalidaci\u00f3n de los actos administrativos.<\/p>\n
Los Proyectos Solares Fotovoltaicos Diego de Almagro Sur I y II se ubican a 27 kil\u00f3metros al Sur de Diego de Almagro en la Regi\u00f3n de Atacama. Se emplazan en un terreno de 330 hect\u00e1reas y su objetivo es la generaci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica para ser inyectada al Sistema Interconectado Central (SIC) a partir del uso de energ\u00eda solar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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