{"id":110796,"date":"2026-10-21T11:05:23","date_gmt":"2026-10-21T14:05:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioamigavallenar.cl\/?p=110796"},"modified":"2026-10-21T11:05:23","modified_gmt":"2026-10-21T14:05:23","slug":"el-paso-a-paso-de-la-investigacion-del-regulador-contra-las-afp-y-la-posible-ola-de-judicalizaciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioamigavallenar.cl\/?p=110796","title":{"rendered":"El paso a paso de la investigaci\u00f3n del regulador contra las AFP y la posible \u00abola\u00bb de judicalizaciones"},"content":{"rendered":"<p>La crisis por la ca\u00edda del fondo E se libra en dos frentes. En el administrativo, la Superintendencia de Pensiones abri\u00f3 un procedimiento sancionatorio contra las siete AFP del sistema, <strong>que podr\u00eda extenderse por unos nueve meses. <\/strong>En el judicial, los primeros afiliados ya llegaron a los tribunales para intentar recuperar lo p\u00e9rdido, aunque los expertos no lo ven muy factible.<\/p>\n<p>El regulador decidi\u00f3 abrir el proceso tras concluir sus acciones de fiscalizaci\u00f3n sobre las p\u00e9rdidas de valor de los fondos D y E.<strong> Las siete administradoras est\u00e1n en la mira porque todas siguieron una estrategia com\u00fan: la inversi\u00f3n en derivados financieros ligados a las tasas de inter\u00e9s en Estados Unidos.<\/strong> El fondo E acumula una rentabilidad real negativa de 10,39% entre enero y septiembre.<\/p>\n<p><strong>El foco est\u00e1 en el deber de \u00ablealtad y diligencia\u00bb<\/strong>, una obligaci\u00f3n contenida en el decreto ley 3.500 y en una Norma de Car\u00e1cter General de julio de 2025, que exige a las AFP realizar las gestiones necesarias para cautelar una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones. Es lo que se conoce como<strong> deber fiduciario<\/strong>: el est\u00e1ndar de cuidado y destreza exigible a quien administra recursos de terceros.<\/p>\n<p>El ministro de Hacienda,<strong> Jorge Quiroz,<\/strong> resumi\u00f3 que el objetivo establecer si las p\u00e9rdidas responden a la naturaleza propia de la gesti\u00f3n o si hubo \u00abdescuido, negligencia o actitud temeraria por parte de las AFP\u00bb. El secretario de Estado respald\u00f3 el rol del regulador, aunque subray\u00f3 que no le corresponde a este definir las inversiones, y record\u00f3 que, por ley, <strong>los directores que faltan a su deber de diligencia responden con su patrimonio.<\/strong><\/p>\n<p>El encargado del proceso es el fiscal de la Superintendencia, <strong>Mario Valderrama. <\/strong>Seg\u00fan explic\u00f3 a El Mercurio, el superintendente Joaqu\u00edn Cortez y \u00e9l acordaron separar la formulaci\u00f3n de cargos de la decisi\u00f3n final, como se\u00f1al de independencia y para evitar sesgos.<\/p>\n<p><strong>La primera etapa es precisamente la formulaci\u00f3n de cargos.<\/strong> En ella trabaja un equipo de ingenieros, auditores y abogados que revisa sesiones de directorio y de comit\u00e9s de inversiones, e incluso los incentivos de cada ejecutivo. <strong>Luego vienen los descargos de cada administradora, <\/strong>con la posibilidad de presentar evidencias, y finalmente el superintendente resuelve sobre la sanci\u00f3n propuesta por la fiscal\u00eda.<\/p>\n<p><strong>Si bien estos procesos se cierran en seis meses, los plazos son prorrogables, y Valderrama estima que, dada la complejidad del caso, este se acercar\u00eda m\u00e1s a los nueve meses.<\/strong><\/p>\n<p>Para fijar las sanciones pesar\u00e1n la gravedad del incumplimiento, un eventual provecho de la administradora, el impacto sist\u00e9mico, el grado de involucramiento y la reincidencia. Entre los atenuantes, el fiscal destac\u00f3 la colaboraci\u00f3n con el proceso <strong>y, sobre todo, que una AFP decida por iniciativa propia compensar a los afiliados afectados.<\/strong><\/p>\n<p>El fiscal subray\u00f3 adem\u00e1s que cumplir con los l\u00edmites regulatorios no exime de responsabilidad: \u00ab<strong>No es una cuesti\u00f3n del cu\u00e1nto, sino del por qu\u00e9 se tom\u00f3 la decisi\u00f3n\u00bb.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Los tribunales<\/strong><\/p>\n<p>En paralelo, al menos cuatro recursos de protecci\u00f3n han sido presentados contra Capital, UNO, Habitat y Modelo. <strong>Uno de ellos, el de un afiliado de AFP Capital cuyos ahorros cayeron de $94,5 millones en abril a $86,4 millones en octubre, ya fue declarado inadmisible por la Corte de Santiago, que estim\u00f3 que la protecci\u00f3n no resulta ser la v\u00eda id\u00f3nea.<\/strong><\/p>\n<p>A ello se suman dos acciones penales por eventual administraci\u00f3n desleal. Una del diputado Jos\u00e9 Montalva y otra de Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini. Por su parte, la Coordinadora No+AFP re\u00fane cartolas para evaluar demandas colectivas.<\/p>\n<p>Para los constitucionalistas,<strong> el principal obst\u00e1culo es probar que las AFP actuaron de manera ilegal o arbitraria.<\/strong> \u00abNo basta con argumentar que hubo un error\u00bb, sostuvo a El Mercurio Patricio Zapata, acad\u00e9mico de la UC y consejero de VGC Abogados. A ello suma la necesidad de acreditar un derecho indubitado y de recurrir dentro del plazo de 30 d\u00edas.<\/p>\n<p>Eduardo Cordero, acad\u00e9mico de la PUCV, coincide en que <strong>\u00abes muy excepcional que se acojan recursos de protecci\u00f3n\u00bb<\/strong> en sectores intensamente regulados, aunque afirma que podr\u00eda haber responsabilidad del gestor si se demuestra negligencia ante un riesgo alto, dijo a El Mercurio<\/p>\n<p>El segundo debate es si las cortes pueden ordenar la restituci\u00f3n de los dineros. Zapata lo considera discutible y cree que cuantificar los perjuicios podr\u00eda requerir un juicio civil. Tom\u00e1s Jord\u00e1n, de la U. Alberto Hurtado, discrepa: si se acredita una vulneraci\u00f3n constitucional, \u00abla corte puede eventualmente tomar una medida de restablecer los fondos\u00bb, afirm\u00f3 al citado medio.<\/p>\n<p>Un precedente a considerar son las alzas de planes de salud y la controversia por las tablas de factores derivaron en la presentaci\u00f3n masiva de recursos y en \u00f3rdenes de restituci\u00f3n en contra de las Isapres. Zapata sostiene que si en alguno de estos casos<strong> \u00ablas cortes de Apelaciones admiten a tr\u00e1mite, declaran admisible y fallan a favor, uno podr\u00eda esperar que hubiera una cantidad importante de recursos\u00bb.<\/strong><\/p>\n<p>Catalina Salem, profesora de la UDD, matiza ese escenario. A su juicio, la actual integraci\u00f3n de la Corte Suprema ha dado paso a una jurisprudencia \u00abm\u00e1s reacia a conocer de estas materias por la v\u00eda de la protecci\u00f3n constitucional\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La crisis por la ca\u00edda del fondo E se libra en dos frentes. 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