Una auditor\u00eda interna del Ministerio del Medio Ambiente que dirige Francisca Toledo termin\u00f3 abriendo un complejo flanco sobre uno de los procesos participativos m\u00e1s relevantes de la implementaci\u00f3n del Servicio de Biodiversidad y \u00c1reas Protegidas (SBAP).<\/p>\n
Tras varios meses de revisi\u00f3n administrativa, la cartera concluy\u00f3 que el proceso de consulta ind\u00edgena realizado durante 2025 presenta una serie de irregularidades que comprometen la integridad del expediente administrativo y que, a juicio de la actual administraci\u00f3n, impiden acreditar correctamente c\u00f3mo se desarroll\u00f3 y cerr\u00f3 una etapa obligatoria establecida en el Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo.<\/p>\n
La conclusi\u00f3n qued\u00f3 plasmada en la Resoluci\u00f3n Exenta N.\u00ba 04158, firmada el 27 de julio por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, mediante la cual se inicia formalmente un procedimiento destinado a invalidar tanto el Acta de Acuerdos y Desacuerdos suscrita durante el Di\u00e1logo Nacional como la resoluci\u00f3n que declar\u00f3 concluido el proceso de consulta ind\u00edgena el 10 de marzo de 2026, apenas un d\u00eda antes del t\u00e9rmino del gobierno del Presidente Gabriel Boric.<\/p>\n
La resoluci\u00f3n constituye el resultado de un trabajo de revisi\u00f3n iniciado tras el cambio de administraci\u00f3n y que tambi\u00e9n incorpor\u00f3 antecedentes surgidos a ra\u00edz del recurso de protecci\u00f3n presentado por la Comunidad Atacame\u00f1a de Socaire ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, acci\u00f3n judicial que cuestion\u00f3 precisamente la forma en que concluy\u00f3 la consulta ind\u00edgena.<\/p>\n
Seg\u00fan a partir de la resoluci\u00f3n exenta, la minuta t\u00e9cnica elaborada por el ministerio y antecedentes recopilados por fuentes que conocen el desarrollo del proceso, las observaciones no apuntan \u00fanicamente al extrav\u00edo de un documento.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n administrativa reconstruye toda la secuencia que termin\u00f3 con el cierre de la consulta y concluye que existieron deficiencias en la trazabilidad documental, actuaciones sin respaldo administrativo formal y un expediente que nunca logr\u00f3 completarse antes de que la autoridad resolviera dar por finalizado el procedimiento.<\/p>\n
Todo ello ocurre en una consulta ind\u00edgena que era requisito para dictar tres reglamentos fundamentales para la implementaci\u00f3n de la Ley 21.600 que cre\u00f3 el Servicio de Biodiversidad y \u00c1reas Protegidas: el Reglamento del Sistema Nacional de \u00c1reas Protegidas, el Reglamento de Concesiones y Permisos y el Reglamento de Sitios Prioritarios.
\nUn di\u00e1logo nacional millonario<\/p>\n
Los antecedentes revisados por este medio muestran que el proceso completo de consulta ind\u00edgena signific\u00f3 un gasto cercano a 1.200 millones de pesos.<\/p>\n
S\u00f3lo el denominado Di\u00e1logo Nacional realizado entre el 18 y el 20 de diciembre de 2025 en la Regi\u00f3n Metropolitana\u2014 demand\u00f3 m\u00e1s de 230 millones de pesos, instancia en la que representantes ind\u00edgenas provenientes de distintas regiones deb\u00edan alcanzar acuerdos sobre quince materias relacionadas con la futura regulaci\u00f3n del SBAP.<\/p>\n
Pero la actual administraci\u00f3n sostiene que el costo econ\u00f3mico no termin\u00f3 ah\u00ed.<\/p>\n
La minuta elaborada por el Ministerio se\u00f1ala que durante 2026 debieron cancelarse facturas correspondientes al proceso realizado el a\u00f1o anterior por un monto superior a 300 millones de pesos, obligaciones que hab\u00edan quedado pendientes de pago y fueron traspasadas desde la administraci\u00f3n anterior.<\/p>\n
Fuentes conocedoras del proceso sostienen que la organizaci\u00f3n del di\u00e1logo nacional fue desarrollada en tiempos acotados y bajo una coordinaci\u00f3n radicada directamente en el gabinete del entonces subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proa\u00f1o, situaci\u00f3n que \u2014afirman\u2014 alter\u00f3 la estructura habitual mediante la cual el ministerio desarrolla este tipo de consultas ind\u00edgenas. Ese antecedente, sin embargo, no aparece expresamente contenido en la resoluci\u00f3n exenta, por lo que corresponde atribuirlo \u00fanicamente a fuentes conocedoras del proceso.<\/p>\n
El principal hallazgo de la auditor\u00eda dice relaci\u00f3n con el Acta de Acuerdos y Desacuerdos.<\/p>\n
La resoluci\u00f3n administrativa se\u00f1ala que, una vez concluido el Di\u00e1logo Nacional, durante la madrugada del 21 de diciembre de 2025, representantes ind\u00edgenas, la entonces ministra Maisa Rojas y el entonces subsecretario Maximiliano Proa\u00f1o firmaron el documento que deb\u00eda dejar constancia oficial de los acuerdos alcanzados.<\/p>\n
Sin embargo, el listado original de firmas nunca lleg\u00f3 al expediente administrativo. La resoluci\u00f3n sostiene expresamente que dicho listado \u201cno fue entregado por el gabinete ministerial a la coordinadora de la actividad al finalizar la jornada, produci\u00e9ndose el extrav\u00edo de \u00e9ste\u201d.<\/p>\n
Ese documento era precisamente el respaldo que acreditaba qu\u00e9 representantes ind\u00edgenas aprobaron el acta y cu\u00e1les no.<\/p>\n
Frente a la p\u00e9rdida del documento, durante enero de 2026 comenz\u00f3 un proceso destinado a reconstruir las firmas. Pero la propia investigaci\u00f3n concluy\u00f3 que dicho procedimiento nunca fue formalizado.<\/p>\n
La resoluci\u00f3n se\u00f1ala que no existe constancia de actos administrativos ni instrucciones oficiales que ordenaran iniciar la reconstrucci\u00f3n del listado extraviado. Pese a ello, el gabinete ministerial solicit\u00f3 informalmente a las Secretar\u00edas Regionales Ministeriales contactar nuevamente a los representantes ind\u00edgenas para pedirles volver a firmar el acta.<\/p>\n
El resultado estuvo lejos de reconstruir el expediente. De los 101 representantes que asistieron a la jornada final del di\u00e1logo, s\u00f3lo se recuperaron 53 firmas, de las cuales \u00fanicamente 50 correspond\u00edan efectivamente a personas presentes ese d\u00eda. Es decir, 51 representantes nunca volvieron a firmar el documento.<\/p>\n
La resoluci\u00f3n incluso detalla qu\u00e9 ocurri\u00f3 con quienes no firmaron. Cinco representantes jam\u00e1s fueron contactados. Veinticuatro no respondieron a las gestiones realizadas por las autoridades regionales.<\/p>\n
Doce manifestaron verbalmente que no volver\u00edan a firmar y siete remitieron cartas expresando la misma decisi\u00f3n. Otros tres enviaron correos electr\u00f3nicos manifestando su aprobaci\u00f3n del contenido del acta.<\/p>\n
Finalmente, el propio ministerio concluy\u00f3 que respecto de 29 representantes no existe ning\u00fan antecedente que permita establecer si aprobaron o rechazaron el Acta de Acuerdos y Desacuerdos, situaci\u00f3n que, seg\u00fan la resoluci\u00f3n, incumple directamente las obligaciones establecidas en el Reglamento de Consulta Ind\u00edgena.<\/p>\n
Pese a todo ese escenario, el Ministerio del Medio Ambiente dict\u00f3 el 10 de marzo de 2026, es decir, un d\u00eda antes de entregar el poder al gobierno de Jos\u00e9 Antonio Kast, la resoluci\u00f3n que dio por terminado el proceso de consulta ind\u00edgena.<\/p>\n
La actual administraci\u00f3n sostiene que esa decisi\u00f3n se adopt\u00f3 cuando el expediente a\u00fan presentaba inconsistencias relevantes y sin que existieran todos los antecedentes exigidos por la normativa.<\/p>\n
Por ello, la resoluci\u00f3n concluye que el Acta de Acuerdos y Desacuerdos fue emitida \u201csin cumplir con los requisitos esenciales\u201d previstos en el Reglamento de Consulta Ind\u00edgena y agrega que esos vicios se proyectan sobre la resoluci\u00f3n que declar\u00f3 cerrado el proceso.<\/p>\n
La Resoluci\u00f3n Exenta N.\u00ba 04158 no invalida inmediatamente los actos administrativos.<\/p>\n
Lo que hace es iniciar formalmente ese procedimiento, conforme al art\u00edculo 53 de la Ley 19.880, convocando a representantes de comunidades ind\u00edgenas y a todos quienes pudieran verse afectados para que participen en audiencias p\u00fablicas \u2014presenciales y telem\u00e1ticas\u2014 durante septiembre y presenten observaciones antes de que el Ministerio adopte una decisi\u00f3n definitiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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