En el sector Las Barrancas, una comunidad construida sobre la fe, la solidaridad y el esfuerzo colectivo enfrenta hoy uno de sus momentos m\u00e1s dif\u00edciles: el desalojo de la capilla Nuestra Se\u00f1ora de Guadalupe, un espacio que durante m\u00e1s de cuatro d\u00e9cadas fue el coraz\u00f3n espiritual y social del lugar.<\/p>\n
La situaci\u00f3n no surgi\u00f3 de un d\u00eda para otro. Seg\u00fan relata Inelia, coordinadora de la capilla y presidenta de la junta de vecinos, el conflicto comenz\u00f3 hace aproximadamente cuatro a\u00f1os, en plena pandemia. La intenci\u00f3n inicial era instalar internet en el recinto para apoyar a ni\u00f1os del sector que no contaban con buena conectividad para sus clases online, adem\u00e1s de habilitar un sistema de televigilancia comunitaria.<\/p>\n
Sin embargo, ese tr\u00e1mite administrativo revel\u00f3 un problema mayor: la capilla no ten\u00eda regularizada su propiedad.<\/p>\n
\u201cCuando fui al Conservador de Bienes Ra\u00edces, me dijeron que el terreno no estaba a nombre de la Iglesia, sino de una persona particular, la se\u00f1ora Irma Collao\u201d, explica Inelia. La noticia sorprendi\u00f3 a la comunidad y tambi\u00e9n a la parroquia a la que pertenece la capilla, Sant\u00edsima Trinidad de Punta Negra.<\/p>\n
La situaci\u00f3n se volvi\u00f3 a\u00fan m\u00e1s compleja tras el fallecimiento de la propietaria durante la pandemia. Fue en ese contexto que la familia se enter\u00f3 de que el terreno figuraba legalmente a nombre de su madre. A partir de ah\u00ed, comenzaron las gestiones para regularizar la propiedad, pero sin \u00e9xito.<\/p>\n
La capilla, inaugurada en 1997, fue levantada gracias a donaciones de vecinos, empresas y organizaciones locales. Materiales, trabajo y recursos se reunieron durante a\u00f1os para concretar una obra que nunca fue formalmente inscrita a nombre de la Iglesia.<\/p>\n
El origen del problema se remonta a fines de los a\u00f1os 80, cuando el entonces p\u00e1rroco gestion\u00f3 la compra del terreno por 250 mil pesos. Sin embargo, debido a restricciones legales de la \u00e9poca \u2014que imped\u00edan vender terrenos reci\u00e9n asignados por Bienes Nacionales\u2014, la operaci\u00f3n no se concret\u00f3 formalmente.<\/p>\n
Con el paso de los a\u00f1os, el tema qued\u00f3 en el olvido hasta que resurgi\u00f3 con fuerza en medio de la pandemia.<\/p>\n
En 2022, la familia de la propietaria present\u00f3 una demanda que deriv\u00f3 en un juicio civil contra el obispado. Seg\u00fan los antecedentes, solicitaron una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica que superaba los 100 millones de pesos por una parte del terreno donde se encuentra construida la capilla.<\/p>\n
\u201cPara nosotros es imposible pagar esa cantidad. Somos una comunidad peque\u00f1a, sin recursos\u201d, se\u00f1ala Inelia.<\/p>\n
Tras a\u00f1os de litigio, la justicia fall\u00f3 a favor de los herederos. La orden de desalojo se concret\u00f3 esta semana, luego de que se agotaran las instancias legales para evitarlo.<\/p>\n
Ante la inminente llegada del receptor judicial y Carabineros, la comunidad decidi\u00f3 adelantarse y retirar voluntariamente todos los objetos del templo.<\/p>\n
\u201cEn dos d\u00edas sacamos todo: im\u00e1genes, libros, manteles, campanas. No es solo mover cosas, son elementos sagrados que requieren cuidado especial\u201d, relata la dirigenta.<\/p>\n
El procedimiento se realiz\u00f3 sin incidentes, pero con un profundo impacto emocional.<\/p>\n
El cierre de la capilla no solo afecta la pr\u00e1ctica religiosa. El recinto tambi\u00e9n albergaba un sal\u00f3n comunitario donde funcionaban un club de adultos mayores, talleres y reuniones vecinales.<\/p>\n
\u201cNos quedamos en la calle. Ahora tenemos que andar de casa en casa para reunirnos\u201d, cuenta una de las integrantes del grupo de adultos mayores, visiblemente afectada. \u201cNo es lo mismo. Ten\u00edamos un lugar digno, construido por nosotros mismos\u201d.<\/p>\n
El golpe es especialmente duro para los vecinos m\u00e1s antiguos, quienes participaron directamente en la construcci\u00f3n del espacio.<\/p>\n
Desde la Di\u00f3cesis de Copiap\u00f3, el vicario general, padre Guido Casta\u00f1a, lament\u00f3 la situaci\u00f3n y destac\u00f3 el impacto en la comunidad.<\/p>\n
\u201cSon m\u00e1s de 40 a\u00f1os de historia. Aqu\u00ed se celebraron sacramentos, se acompa\u00f1\u00f3 a las familias, se construy\u00f3 comunidad. Perder este espacio es muy doloroso\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n
Si bien el fallo judicial ya se ejecut\u00f3, la Iglesia no descarta seguir explorando alternativas legales o buscar un acuerdo con los propietarios.<\/p>\n
\u201cEstamos abiertos al di\u00e1logo, pero las cifras que se han planteado son muy altas para una comunidad como esta\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n
Por ahora, las actividades religiosas y comunitarias deber\u00e1n trasladarse a otros recintos, ubicados a mayor distancia. Sin embargo, para muchos vecinos, eso no reemplaza el sentido de pertenencia que ofrec\u00eda la capilla.<\/p>\n
El caso deja en evidencia una problem\u00e1tica frecuente en sectores rurales y perif\u00e9ricos: la falta de regularizaci\u00f3n de terrenos comunitarios, incluso cuando han sido utilizados durante d\u00e9cadas.<\/p>\n
Mientras tanto, en Las Barrancas, el silencio ocupa hoy el lugar donde antes hab\u00eda encuentros, celebraciones y vida comunitaria.<\/p>\n
La capilla est\u00e1 cerrada. Pero la historia \u2014y la memoria de quienes la construyeron\u2014 sigue abierta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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